La muerte no esclarecida de José Miguel Castro, a pocas semanas del juicio contra la exalcaldesa de Lima Susana Villarán, abrió la discusión sobre el impacto del hecho en el proceso. También sobre la teoría del suicidio, pues el cadáver presentaba una herida de 14 centímetros en el cuello, como resultado –en esa hipótesis– de un cuchillo muy tajante y de una gran determinación, algo difícil de ver. Una tercera discusión es qué motivos habría para que se quitara la vida u otros quisieran matarlo. Hay un mismo trasfondo para ambas posibilidades: lo que diría respecto de la entrega y el uso que se dio a más de US$11 millones por parte de las constructoras OAS y Odebrecht, para dos campañas políticas de Villarán cuando fue alcaldesa (2011-2014). Castro, el gerente municipal que gestionó los fondos, sabía demasiado.

El filo de este primer juicio (hay más en ciernes), deriva, por un lado, de que es el mayor proceso por corrupción que enfrenta una corriente de la izquierda peruana rodeada de un halo de honestidad y buenismo político. De otra parte, los líderes de otros sectores comprometidos con aportes supuestamente ilícitos de las compañías brasileñas lo pasaron peor que Villarán a manos del equipo fiscal de Lava Jato del Ministerio Público, aliado con jueces de primeras instancias. Keiko Fujimori estuvo arbitrariamente detenida, lo mismo que Nadine Heredia, esposa de Ollanta Humala, según dijo el Tribunal Constitucional. Alan García terminó suicidándose luego de un cerco judicial, y Pedro Pablo Kuczynski sufrió una persecución implacable. Aunque Villarán también estuvo detenida, existe una controversia respecto de la imparcialidad de los magistrados a cargo de la investigación, José Domingo Pérez y su coordinador, Rafael Vela. Sin embargo, el procesamiento de la exalcaldesa será complejo, y más todavía luego de la muerte de José Miguel Castro.

Odebrecht admitió haber donado un total de US$4’193,816 para que la........

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