“La Fiscalía articula todos los elementos antes descritos: condena vigente, elevada expectativa punitiva, antecedentes de solicitud de asilo, entorno internacional de protección diplomática efectiva, asilo concedido a familiares y exfuncionarios, y debilitamiento de los arraigos tradicionales. De la valoración conjunta (…) se concluye que existe un riesgo real, concreto y actual de que, en caso de recuperar su libertad, el investigado (Pedro Castillo) se sustraiga deliberadamente del proceso penal”.

Este es parte del argumento del juez supremo Edhin Campos Barranzuela para ordenar la ampliación por 12 meses adicionales (un año) la prisión preventiva del sentenciado expresidente Pedro Castillo, en el proceso que se le sigue por los presuntos delitos de organización criminal agravada, tráfico de influencias y colusión, de acuerdo a una resolución obtenida por El Comercio.

Por este caso, Castillo Terrenos viene cumpliendo 36 meses de prisión preventiva, que se cumplen el 8 de marzo del 2026. Sin embargo, tras la orden judicial de ampliación, la medida se extendió hasta el 9 de marzo del 2027.

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A través de una segunda resolución, el magistrado supremo amplió por 20 meses (hasta agosto del 2027) el plazo de la investigación preparatoria tras un pedido del Ministerio Público.

El vacado exmandatario purga ya una condena a 11 años, 5 meses y 15 días, por el delito de “conspiración para la rebelión” debido al golpe de Estado del 7 de diciembre del 2022. Esta sentencia, ha sido apelada por su defensa.

Castillo Terrones se encuentra recluido en el Penal de Barbadillo (distrito de Ate Vitarte) desde hace cuatro años y dos meses.

De otro lado, el Poder Judicial (PJ) también ordenó la ampliación de la prisión preventiva contra Geiner Alvarado, exministro de Castillo Terrones, por seis meses adicionales. Con ello, el exfuncionario continuará recluido por este caso hasta el 31 de octubre del 2026.

Castillo es procesado junto a sus exministros Juan Silva (prófugo de la justicia desde el 2022) y Geiner Alvarado (Vivienda, Construcción y Saneamiento), por presuntamente integrar una red criminal dedicada a realizar actos de corrupción en diversos estamentos del Estado durante dicho gobierno.

En este expediente se procesan presuntos actos de corrupción vinculados a PetroPerú y la compra de Biodíesel, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y la presunta licitación irregular del Puente Tarata por parte de Provías Descentralizado, y en el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y el Decreto de Urgencia N°102-2021 para beneficiar con presupuesto a diversas distritos provinciales vinculados a personas de su círculo de confianza.

Argumentos de las partes

De acuerdo a la Segunda Fiscalía Suprema Especializada en Delitos cometidos por Funcionarios Públicos, representada por el fiscal Denis Pérez Flores, se trata de un caso........

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