El requerimiento fue presentado por el fiscal Raúl Martínez del Quinto Despacho de la Segunda Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima, que investiga a Corvetto Salinas y otros por presuntos delitos de colusión agravada, omisión de actos funcionales y falsa declaración en procedimiento administrativo.

El pedido de impedimento de salida del país, por 18 meses, será analizado desde las 11:00 de la mañana este jueves por el juez del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria, Manuel Chuyo.

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La medida también alcanza a José Samamé Blas (exgerente de Gestión Electoral) y Juan Antonio Phang Sánchez (suspendido subgerente de Producción Electoral), así como las funcionarias Hilda Elizabeth Otoya Alvarado, Lilia Flores Bancho, Williams García Velásquez y el empresario Juan Charles Alvarado Pfuyo (dueño de la empresa Galaga).

Todo ellos son investigados por presuntos actos de corrupción en la convocatoria y licitación del “Servicio de Transporte de Carga a Nivel Nacional- Despliegue y Repliegue de Material, Equipos Informáticos Electorales e Implementos para simulacro y sufragio-EG 2026” licitada a favor de la empresa Servicios Generales Galaga S.A.C., por un total de S/ 6’368,332.75.

La solicitud de impedimento de salida del país será sustentada por el Fiscal Supraprovincial Anticorrupción (Primer Despacho), Reynaldo Abia, quien asumirá todas las denuncias vinculadas a contratos efectuados entre la ONPE y otros proveedores de servicios utilizados durante las Elecciones Generales del 12 de abril y 13 de abril del 2026.

Precisamente, la mañana de ayer, Abia Arrieta acudió hasta la sede de la ONPE a fin de recabar mayor información vinculada a las investigaciones en contra de Corvetto Salinas y otros.

Elementos que sustentan la medida de impedimento

La Fiscalía Anticorrupción ha presentado 87 elementos de convicción para sustentar la existencia de presuntos delitos, así como el peligro de una posible fuga que representaría dejar sin ninguna medida de restricción a Corvetto Salinas y otros.

Sobre la comisión de los presuntos delitos, la fiscalía ha sostenido que Piero Corvetto y funcionarios de la ONPE habrían desplegado diversos actos desde la aprobación del lineamiento de contratación de bienes y servicios, que fueron aprobados a través de la Resolución Jefatural Nro. 000002-2026-JN/ONPE del 9 de enero de 2026, suscrita por el exjefe de la entidad electoral investigado.

Dichos actos, agrega la fiscalía, evidencian un apartamiento “deliberado” de los principios de la contratación pública, la transparencia y competencia, constituyendo así un marco normativo en un contexto instrumental para la materialización de la concertación ilícita.

De cuerdo a la fiscalía, Corvetto Salinas, en su calidad de jefe de ONPE, habría designado a funcionarios como José Samamé Blas como gerente de gestión electoral, sin que tenga la mayor experiencia para el cargo. Y a su vez, permitió que este designe a Juan Phang como subgerente de la Producción Electoral, lo que conllevó a que estos formularan y suscribieran los servicios Nro 000970 y 000980, los Términos de Referencia y establecieran los factores de evaluación, con condiciones que no eran objetivas ni justificadas, “generando ventajas indebidas que finalmente favorecieron a la empresa Servicios Generales Galaga S.A.C; configurándose así indicios de direccionamiento del proceso de contratación”.

Uno de los principales puntos, señala la fiscalía, se centra en las modificaciones que se realizaron en el 2026, a los lineamientos de las contrataciones, así como a los TDR aprobados el año pasado, donde se estipulaba la participación de personal del “área usuaria” en la fase de selección, evaluación de ofertas y en la elaboración, suscripción y remisión del “Acta de Análisis, Verificación de Propuesta y adjudicación de Buena Pro”.

Sumado a que, también se dispuso que luego de seleccionado al postor ganador, no era posible la presentación de ningún recurso impugnatorio.

Por tanto, señaló la fiscalía, la incidencia directa del “área usuaria” vinculada a Samamé y Phang -que respondían por cargo funcional a Corvetto Salinas- “evidenciaría un esquema orientado a concentrar la decisión en determinados funcionarios y a impedir su revisión, lo que resulta funcional a la concertación con un postor previamente determinado”.

Incluso, señala la fiscalía, la Gerencia de Gestión Electoral de la ONPE (a cargo de Samamé), en su condición de “área usuaria” habría promovido “la modificación del Cuadro Multianual de Necesidades (CMN), lo cual fue aprobado con fecha 19 de enero de 2026 por el monto de S/8’950,000.00; requerimiento que se........

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