De acuerdo con el plan de trabajo, al que accedió este Diario, la mesa que dirige Paredes Navarro prioriza dos puntos: el primero es que en las sesiones participen los mineros artesanales, en un aparente direccionamiento a favor de la Confemin; y el segundo, que se fiscalice a las empresas privadas vinculadas a los sectores minero y energético.

Expertos consultados por El Comercio han cuestionado ambos puntos, al señalar que se busca forzar la presencia de un solo sector de mineros informales en el grupo de trabajo y de introducir, una figura inconstitucional en asuntos que son de carácter plenamente público. Es decir, fiscalizar a privados.

Este plan de trabajo fue sometido a votación —y sin debate— por Paredes Navarro el pasado 1 de setiembre ante el seno de la comisión, pero fue postergado para el martes 8 de setiembre a las 9:00 a. m. tras conocerse que algunos integrantes de la comisión no tuvieron acceso al contenido.

Ese día, Paredes afirmó: “Vamos a votar por el plan de trabajo con cargo a redacción para avanzar”.

Sin embargo, fue interrumpida por el diputado Diethell Columbus (Fuerza Popular), quien pidió que el tema fuera visto en la siguiente sesión, debido a que no sabían qué era lo que iban a aprobar.

El pedido se produjo en una comisión integrada por 19 miembros, de los cuales 11 pertenecen a la coalición de izquierda conformada por Juntos por el Perú (JP), Ahora Nación (AN), Partido Cívico Obras (PCO) y el Partido del Buen Gobierno (PBG), mientras que los ocho restantes corresponden a Fuerza Popular (FP) y Renovación Popular (RP).

—Un plan cuestionado—

En el plan de trabajo de la comisión se indica que se ejercerá el control político de los organismos e instancias públicas, autónomas y privadas que desarrollen actividades en los sectores minero y energético del........

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