El jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, ha advertido hace unos días ante el Congreso que la institución que dirige “sigue teniendo que mendigar locales de votación”. Con ello alude a los problemas que ese organismo enfrenta habida cuenta de que algunos locales que inicialmente estaban disponibles para ese fin ya no lo están: una circunstancia que obliga a buscar establecimientos alternativos y que ha afectado –hasta ahora– a no menos de 33.625 electores en todo el país. Además, la cantidad de centros de votación en general se redujo de 10.401 a 10.352 en el territorio nacional. ¿Qué inconvenientes han surgido a propósito de los establecimientos asignados en primera instancia? Pues algunos han entrado en reconstrucción, otros han sido declarados inhabitables y unos terceros sencillamente han dado marcha atrás en su decisión de estar disponibles. Esto último ocurre sobre todo en los casos de centros educativos privados, cuyos propietarios o promotores han revelado extraoficialmente que la negativa se debe a las amenazas de extorsión de las que son objeto. Una situación particularmente grave en el Callao y en el cono norte de la capital.

Las modificaciones en las listas de locales, por otra parte, podrían continuar en las próximas semanas, cuando estamos a un mes exacto de tener que acudir a las urnas. La legislación prescribe que tales modificaciones pueden publicarse hasta diez días antes de la jornada electoral y, en contextos excepcionales, hasta con 24 horas de anticipación. Pero es evidente que una situación así está lejos de ser ideal. La pregunta que se cae de madura por supuesto es: ¿cómo se ha dejado avanzar este problema hasta este punto?

La respuesta no es unívoca. Están, por un lado, los directores y promotores de las instituciones educativas que niegan sus locales pese a haberse comprometido a ello. Ante esta situación, no queda otra alternativa que reubicar a los electores como mejor se pueda. Pero al Gobierno Central le toca también su parte de responsabilidad. Especialmente, en lo que concierne a su incapacidad de ponerle coto a la práctica extorsiva en todo el territorio nacional. Y, por otro lado, están los constantes reclamos de presupuesto que cada cierto tiempo realizan los organismos electorales. Un presupuesto que llega tarde ya no sirve de mucho. Es deber del Ejecutivo cumplir con su promesa de garantizar una elecciones limpias y ordenadas y evitar la incertidumbre que genera la existencia de ánforas que podríamos llamar móviles y hasta esquivas. Ejercer el voto en nuestro país no debería ser tan complicado.

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