Mientras el Estado peruano apenas logra fiscalizar el avance de la minería ilegal y otras economías ilícitas, el “nuevo” plan de gobierno del candidato Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) y sus aliados opta por reducir las barreras regulatorias y dar carta libre para la minería informal, un sector en el que se camufla la minería ilegal, tal como lo advierten especialistas. Pero no solo ello. De cara al balotaje, ahora se plantea una suerte de ‘multiverso’ minero en el que las operaciones fuera del sistema bancario podrán acogerse a un “período de sinceramiento y gracia”; en el que operaciones millonarias encajarán en la categoría de minería “artesanal”; y en el que la lógica del Estado será —literalmente— confiar primero y fiscalizar después.

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En la mirada de Sánchez, existe la necesidad de “una nueva minería para el Perú”. Así lo ratificó durante un mitin realizado el martes en la Plaza Túpac Amaru de Wanchaq (Cusco), donde se mostró a favor de “una nueva minería donde el Estado no te persiga” y en la que, por el contrario, se brinden las “condiciones” para la formalización.

En la víspera, JP había presentado su “nuevo” plan de gobierno, elaborado por su nueva plataforma política para el balotaje frente a Keiko Fujimori (Fuerza Popular). Sin embargo, incluso ahí ha quedado en claro que la “nueva minería” que profesa Sánchez no pasa precisamente por endurecer controles. Por el contrario, como advirtió este Diario, la agrupación se comprometió en Arequipa a derogar el Decreto Legislativo N.° 1695, promulgado apenas en enero y que, en la práctica, endurece las sanciones contra la minería ilegal.

Ayer, mientras Roberto Sánchez (JP) firmaba, en Lima, su “Compromiso por el Perú” junto a distintos colectivos de DD.HH. y ambientales, emisarios suyos llegaron a Chala (Caravelí, Arequipa) y suscribieron otro compromiso, pero a favor de la minería informal. 🧵@Politica_ECpe pic.twitter.com/Rbyk16qJGL— Alexander Villarroel Zurita (@alexandergraphy) May 31, 2026

Ayer, mientras Roberto Sánchez (JP) firmaba, en Lima, su “Compromiso por el Perú” junto a distintos colectivos de DD.HH. y ambientales, emisarios suyos llegaron a Chala (Caravelí, Arequipa) y suscribieron otro compromiso, pero a favor de la minería informal. 🧵@Politica_ECpe pic.twitter.com/Rbyk16qJGL

Todo ello, en un contexto en el que esta economía ilegal ya implica pérdidas anuales estimadas en más de S/22 mil millones, equivalentes a casi el 2,5% del PBI. Y en donde una sola maquinaria destinada a esta actividad ilícita puede generar ganancias de entre S/18 mil y S/33 mil diarios, según cifras de las Fiscalías Especializadas en Materia Ambiental (FEMA).

La propia fiscalía ya ha advertido que esta actividad no solo mueve hoy más dinero que el narcotráfico en el país, sino que además ha sido penetrada por el crimen organizado. Ya no se trata de una pequeña actividad de mera “subsistencia”, como se pretende hacer ver, sino de toda una economía que moviliza miles y miles de soles cada día.

En su denominado “Programa de Gobierno........

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