Pico y Placa Medellín

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Por Rubén Darío Barrientos G. - opinion@elcolombiano.com.co

Hago una pregunta sin anestesia: ¿qué ocurriría si, por estas calendas, el Consejo de Estado concluyera que el porcentaje del salario mínimo fijado por el Gobierno Petro (del 23 %) no se ajustó al ordenamiento jurídico? El país se enfrentaría a un zafarrancho monumental: un salario que ha regido durante meses, servido de referencia para millones de relaciones laborales e insuflando presupuestos públicos y privados, sometido a las consecuencias de una sentencia tardía. La respuesta jurídica no sería —ipso facto— una rebaja automática de los salarios ni la devolución generalizada de lo pagado. Todo dependería del alcance de la decisión, de sus efectos temporales y de las órdenes que impartiera el tribunal. Y ello arrastraría el costo institucional de dejar que una controversia gigante llegare hasta el umbral de una nueva negociación sin una definición........

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