Por la norma suprema de la separación de poderes en el Estado, el Poder Judicial debe ser apolítico, absolutamente apolítico. Esto quiere decir que en los casos que juzga debe aplicar solo la ley pertinente a los hechos probados. Primeramente, las normas supremas aprobadas por el conjunto de ciudadanos, titulares del poder originario de mandar en la sociedad, reunidas en la Constitución del Estado. Una sentencia en primera instancia, expedida en París el 31 de marzo pasado por una juez, se ha apartado de esta noción. Esto, en el proceso penal seguido contra Marine Le Pen y otros dirigentes del partido político Concentración Nacional (Rassemblement National).

Por esta sentencia, Marine Le Pen acaba condenada a cuatro años de prisión, de los cuales dos con privación de libertad. Además, a pagar 100,000 euros de multa. Y, lo más importante en este caso, a cinco años de impedimento para presentarse a elecciones, como medida de ejecución inmediata.

Marine Le Pen fue candidata presidencial, en 2002, 2017 y 2022. En las de 2017 y 2022 ganó Emmanuel Macron y ella salió en segundo lugar. En elecciones de junio 2024, para la conformación de la Asamblea Nacional o Cámara de Diputados, su partido alcanzó la primera votación numérica con 33%. Le siguieron el Nuevo Frente Popular, liderado por Jean-Luc Mélenchon, con el 27,9% y Juntos por la República, del presidente Macron, con el 20,9%. Para las elecciones presidenciales de 2027, Marine Le Pen está en el primer lugar en las encuestas.

Por lo tanto, la finalidad de esa condena sería impedir que Marine Le Pen llegue a la Presidencia de la República, en vista de que ella y su partido han terminado estigmatizados por sus adversarios y la prensa de éstos. Calificada como de extrema derecha, según la nomenclatura política europea.

Los temas fundamentales inherentes a esta sentencia son la causa del proceso y la ejecución inmediata de la inhabilitación política.

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