Estamos atravesando una crisis energética con tres componentes: la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, que ha causado una disminución de la oferta de petróleo y gas natural, lo que ha traído una fuerte alza de precios. La voladura del gasoducto de Transportadora de Gas del Perú (TGP), que impide el flujo de gas natural de Camisea a Lima y que también ha causado el cierre del poliducto que trae los líquidos sobre todo el GLP. La crisis financiera de Petroperú, que ha causado la disminución de la oferta de combustibles de la refinería de Talara, debido al déficit de caja que le impide comprar el petróleo crudo para la producción de combustibles, sobre todo gasolinas y diésel.

Veamos primero la voladura. Para traer el gas natural hay un gasoducto operado por TGP que va de Camisea a Lima (algo más de 500 Km). Los primeros 200 km de este gasoducto atraviesan zona de selva hasta llegar a Chiquintirca, ya en la sierra. Desde allí se ha construido un segundo gasoducto, de propiedad de Peru LNG, alimentado por el ducto de TGP, y que va desde Chiquintirca hasta Cañete, donde se encuentra su planta de exportación de gas (ver mapa).

El ducto, que llegó a la costa en el 2004, ha volado en la zona de selva, antes de Chiquintirca, lo que ha interrumpido el transporte de los dos gasoductos. ¿No se sabía que esto podía suceder? Claro que se sabía. Entonces aquí frente a un problema grave de seguridad en el abastecimiento energético que tiene dos fallas: una, la del concesionario (la empresa EGI, de EEUU, que acaba de comprar el 48% del paquete accionario a un fondo canadiense) relacionada al mantenimiento de la tubería.

La otra falla es del Estado, que sabía que debía construirse un gasoducto paralelo hasta Chiquintirca para tener redundancia. Si falla un ducto, tenemos otro. Este segundo gasoducto serviría para atender la demanda de la sierra sur, llegaría al Cusco y, de allí, bajaría a Arequipa -habría también un ramal a Puno-, Ilo y Mollendo. Tendríamos también descentralización energética.

Ese era el Gasoducto Sur Peruano, que quedó trunco a principios del 2017 (con un 40% de avance) debido a que la corrupción de Odebrecht llevó a la finalización del contrato. Los tubos están custodiados por la empresa Estudios Técnicos SAS, desde esa fecha, al costo de US$ 45 millones anuales. En el 2020 se encargó un estudio a la empresa británica Mott Macdonald para analizar la vialidad de un gasoducto al sur. Mott ratificó la ruta del GSP como la más adecuada, pero, hasta ahora, todo ha quedado en nada. Esa es una grave responsabilidad del Estado: no se ha tomado ninguna iniciativa para reanudar el proyecto.

Corolario: no hay redundancia desde Camisea hasta Chiquintirca. Y por eso, ahora, no llega el gas a Lima. Y, claro........

© El Búho