El Gobierno y la Generalitat de Cataluña llegaron el pasado el pasado 14 de julio a un acuerdo sobre el nuevo sistema singular de financiación de esa Comunidad en el marco de la Comisión bilateral Estado-Generalitat, el cual permitirá que la Comunidad de Cataluña recaude todos los impuestos a cambio de abonar al Estado un cupo por las competencias ejercidas por el Estado y su contribución a la solidaridad. Lo que en la práctica supone que a medio plazo esa Comunidad se beneficiará de las mismas ventajas fiscales que los territorios forales del País Vasco y Navarra.

La medida supone la quiebra de la caja común y la ruptura del actual sistema de financiación de las Comunidades Autónomas. Un acuerdo que supone la división de la Administración tributaria española e impedirá la gestión y el control del cumplimiento de las obligaciones tributarias por los contribuyentes, al mismo tiempo que perjudicará claramente a las Comunidades menos desarrolladas y receptoras de ingresos. Un acuerdo que responde a la necesidad de cumplir el compromiso entre Esquerra Republicana a cambio de la investidura de Salvador Illa, e implicará la modificación de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades y su debate en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, debiendo respetarse el principio de ordinalidad. Es decir, no puede alterarse en ningún caso la posición de Cataluña en la ordenación de rentas per cápita entre las Comunidades Autónomas antes de la nivelación. En definitiva, las Comunidades pobres quedarán marginadas y no se permitirá el aumento del desarrollo regional para lograr un equilibrio territorial de todas las regiones, con la quiebra del principio de solidaridad.

El Tribunal Constitucional ha expuesto tradicionalmente, que la concepción del Estado como social y democrático de Derecho es un reflejo de la........

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