ESCRIBE: Jaime A. Vásquez Valcárcel

En los primeros meses del 2014, el candidato al GOREL, Fernando Meléndez Celis, y su esposa Rosío Torres emprendieron una campaña contra el entonces gobernador Iván Vásquez Valera. Una de las acusaciones, que incluso llegó a la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República, fue que se descontaba a trabajadores CAS una parte del sueldo para destinarlo a Fuerza Loretana, la agrupación que lideraba el gobernador dw entonces, que a su vez era candidato a la reelección.

Iván Vásquez respondió que esos descuentos eran voluntarios e iban, efectivamente, a la agrupación. Muchos años después, ya instalada en el Congreso de la República, Rosío Torres fue acusada de obligar a varios trabajadores contratados en su oficina congresal a que entreguen buena parte de las remuneraciones para usarlas en beneficio personal.

Aunque la empleada denunciante mostró los depósitos, otra de las afectadas llegó a decir que el dinero entregado era sólo un préstamo. Pero nadie creía esa explicación, claro. La acusación incluía a su esposo Fernando Meléndez, candidato a gobernador, quien usaba de esa forma recursos del Estado para su campaña.

Con la misma intensidad con que acusaron en su momento a Iván Vásquez, los esposos Meléndez Torres se defendieron ante las evidencias. A pesar de las pruebas, el Congreso de la República blindó a Rosío Torres de toda acusación.
Hoy, ambos están en campaña. Él para gobernador, ella para senadora.

Sin embargo, la historia no terminaba, solo estaba continuando.

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