El Reino Unido abrió una consulta pública que incluye una propuesta para recompensar económicamente a quienes aporten información sobre delitos económicos. La posibilidad de pagar por denunciar abre preguntas sobre el valor de esa información y los incentivos para entregarla.

Detrás de esa propuesta hay un reconocimiento de que denunciar tiene costos y que pedir a las personas que lo hagan puede requerir algo más que apelar a su sentido del deber. Chile también ha abordado este desafío desde la protección. La Ley 21.592 de 2023 estableció un estatuto de protección del denunciante y un canal administrado por la Contraloría, con reserva de identidad y medidas frente a represalias. Aunque su foco está en el sector público, responde a una necesidad relevante para el buen gobierno corporativo.

El tema no es fácil porque pone en juego distintos valores.........

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