Por: María del Carmen Jiménez

Lo que ocurre hoy en Córdoba no es una tragedia natural: es el resultado de una cadena de decisiones políticas que durante décadas privilegiaron la rentabilidad, la expansión territorial sin control y la indiferencia institucional frente al riesgo. El agua no improvisa. El Estado sí.

Las inundaciones han dejado miles de viviendas anegadas, cultivos arrasados y economías familiares devastadas. El pequeño agricultor pierde su cosecha y, con ella su sustento anual. Las escuelas se convierten en albergues improvisados y la salud pública se resiente con brotes asociados a aguas estancadas. Pero las cifras frías no alcanzan a medir la dimensión real: lo que se pierde no es solo infraestructura, es estabilidad social.

En el centro del debate está la hidroeléctrica de Urrá, levantada sobre el Rio Sinú con la promesa de desarrollo y regulación hídrica. Esa función implica responsabilidad. Si el embalse opera cerca de sus niveles máximos en temporadas de lluvias, su capacidad de amortiguar crecientes disminuye. Y cuando las compuertas se abren bajo presión quienes reciben el impacto no son las oficinas administrativas, sino las comunidades ribereñas.

 El debate no se puede reducir a si se cumplió o no un límite técnico formal; la pregunta es si se actuó con prudencia frente a un clima cada vez más extremo. A esto se suma que en el departamento de Córdoba  han permitido la ocupación de zonas históricamente inundables. Se han desecado humedales que antes absorbían excedentes de agua, se ha expandido la ganadería y la urbanización sin una planificación estricta. El territorio perdió sus defensas naturales mientras las autoridades miraban hacia otro lado, porque ven y entienden el territorio como espacio para explotar y no como sistema ecológico que exige equilibrio.  El resultado es un modelo de desarrollo frágil que colapsa cuando el rio reclama el espacio que siempre fue suyo. Este departamento se urbanizó ignorando la memoria del río, y ahora el río recuerda su cauce.

En esta reflexión hay un actor que ha sido ignorado y es necesario destacar: el pueblo indígena Embera Katío del alto Sinú. Desde la construcción de Urrá, estas comunidades advirtieron y denunciaron los impactos ambientales, pérdida de pesca, transformación de su territorio ancestral  y afectaciones culturales profundas. Para ellos, el río no es solo recurso hídrico: es eje espiritual, Alimentario y social. Ahora son ellos y las comunidades campesinas las más afectadas, sin embargo su participación en la toma de decisiones fue desconocida. Hoy más que nunca se requiere la inclusión efectiva de los pueblos indígenas en la gobernanza de la cuenca del Sinú, reconociendo su conocimiento ancestral sobre el comportamiento del río y su derecho a decidir sobre el territorio que habitan.

Como podemos evidenciar lo que está pasando no solo es el riesgo natural; Las inundaciones no se transforman en tragedias por la cantidad de agua, sino por la vulnerabilidad del territorio y la falta de prevención. La gestión del riesgo en Colombia siempre ha sido reactiva, se declara la emergencia, se entregan ayudas humanitarias, se anuncian investigaciones y se prometen obras. Luego, cuando bajan las aguas también baja la atención pública. Y el ciclo se repite. La prevención que implica decisiones estructurales, incómodas, restricciones urbanísticas y revisión estricta de infraestructuras no se cumple. Lo que ocurre en Córdoba es una advertencia.

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