La Constitución de 1991 transformó el constitucionalismo colombiano al consagrar la descentralización administrativa, la participación democrática y la autonomía territorial, rompiendo con el modelo centralista de la Constitución de 1886. Uno de sus avances más importantes fue elevar, mediante el artículo 69, la autonomía universitaria a principio constitucional, reconociendo a las universidades como instituciones capaces de investigar, administrar sus recursos y contribuir al desarrollo de sus territorios. Sin embargo, ese propósito habría sido desvirtuado en algunos casos por presuntas prácticas de corrupción, intereses políticos y administraciones desconectadas de las necesidades académicas y regionales. La autonomía no puede convertirse en excusa para crear fortines politiqueros, pero tampoco puede ser desconocida por el poder central bajo el argumento de combatir esas irregularidades.

Una de las políticas que, merecería una profunda reflexión es la impulsada durante el gobierno de Gustavo Petro para ejecutar proyectos universitarios mediante convenios interadministrativos, encargos fiduciarios y entidades externas, entre ellas la Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco y el Fondo Bicentenario. Bajo el argumento de corregir deficiencias administrativas, estos mecanismos al parecer, habrían limitado, en determinados casos, la capacidad de las universidades públicas para diseñar, contratar y ejecutar directamente proyectos destinados a su propio desarrollo. Surgen interrogantes sobre la estructuración de procesos desde Bogotá para atender necesidades regionales sin suficiente conocimiento de sus particularidades. Un ejemplo que ameritaría revisión es el........

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