Por: Juanita Tovar Sandino

El decreto que crea Zonas de Ubicación Temporal para el Clan del Golfo no es un error técnico ni un simple exceso administrativo: es una claudicación institucional. Por primera vez, bajo el ropaje de una supuesta política de paz, el Estado colombiano pretende entregar tres municipios a una estructura criminal sin carácter político, sin ley habilitante y sin un proceso real que lo justifique. No estamos ante una apuesta audaz por la paz, sino ante un atajo peligroso que debilita la Constitución y normaliza el control territorial impuesto con sangre y terror.

La diferencia jurídica es elemental y, aun así, el Gobierno decidió ignorarla. Las Zonas de Ubicación Temporal fueron concebidas para procesos de negociación política en etapas avanzadas, no para bandas criminales dedicadas al narcotráfico.........

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