Por: Felipe Rodríguez Espinel

Hay una pregunta que todo votante debería hacerse antes de marcar el tarjetón: ¿a quién le voy a confiar la voz de mi departamento durante los próximos cuatro años? No la voz para los discursos bonitos. La voz para las peleas que importan: el presupuesto, las leyes, los debates que obligan al Gobierno a rendir cuentas.

Hacerse esa pregunta con honestidad lleva, inevitablemente, a revisar trayectorias. Y cuando uno revisa trayectorias en el Huila, un nombre aparece con una consistencia que no se puede ignorar: Flora Perdomo.

Su tiempo en la Cámara de Representantes no es un accidente. Es el resultado de una ciudadanía que, elección tras elección, ha reconocido en ella algo escaso en la política colombiana, trabajo real, presencia constante y resultados que se pueden tocar. Llegó construyendo una carrera desde abajo, docente, rectora, secretaria de despacho en la Gobernación, diputada a la Asamblea Departamental. Cada cargo fue un escalón ganado con gestión, no con promesas. Esa formación explica por qué, una vez en el Congreso, supo exactamente dónde sentarse y para qué.

Su trabajo en la Comisión Quinta, que atiende los temas agropecuarios, ambientales y minero-energéticos, no es decorativo. Es el escenario perfecto para defender a un departamento que vive del café, del arroz, de la tierra y de ríos que han sido intervenidos sin el permiso de sus comunidades. Desde allí ha impulsado los Fondos de Estabilización del Café y de la panela, ha respaldado la reforma agraria y ha acompañado la implementación de la jurisdicción agraria, medidas que benefician directamente al campesino huilense que no sale en los noticieros, pero sí en las estadísticas de pobreza rural.

Pero su huella va más allá del agro. Fue autora de la ley que tipificó el feminicidio como delito autónomo y de la norma que endureció las penas para los atacantes con agentes químicos, dos conquistas legislativas que protegen a mujeres en todo el país, incluidas las del Huila. Impulsó la Ley de Compras Públicas Locales, gracias a la cual el Estado debe priorizar al pequeño productor cuando compra alimentos para los programas de alimentación escolar, los centros del ICBF y las raciones para la Fuerza Pública. Una ley que suena técnica pero que en la práctica significa que el agricultor de Íquira o de El Agrado puede venderle al propio Estado.

Y si de obras concretas se trata, la torre materno infantil del Hospital Universitario de Neiva con más de 36.000 millones de pesos garantizados en 2025 y la transformación del Hospital San Vicente de Paúl de Garzón son el tipo de resultados que no caben en un trino, pero sí en la vida de miles de familias huilenses que necesitan atención médica de calidad.

El Huila necesita en el Congreso a alguien que ya conozca los pasillos, que tenga las relaciones construidas, que sepa cuándo hablar y cuándo pelear. Alguien que no llegue a aprender mientras el departamento espera. Votar con información no es fanatismo.

© Diario del Huila