Con el relevo presidencial de este 7 de agosto termina uno de los gobiernos más polarizantes de la historia reciente de Colombia. Cuatro años después de haber llegado al poder prometiendo un «cambio histórico», Gustavo Petro deja una Nación profundamente dividida, con instituciones tensionadas, una seguridad deteriorada y una sensación generalizada de oportunidades desperdiciadas, sin embargo, la honestidad intelectual obliga a reconocer que un balance serio nunca puede construirse únicamente desde la pasión política. Si algo merece Colombia es la capacidad de juzgar a sus gobernantes con los mismos criterios: reconocer los aciertos, pero jamás esconder los fracasos.

Y los hubo de ambas clases. Entre los logros verificables del gobierno Petro sobresalen algunos indicadores sociales que no pueden desconocerse. Durante su administración disminuyeron los índices de pobreza monetaria y pobreza extrema, aumentó el salario mínimo en términos reales, se ampliaron algunos programas sociales y se consolidó una mayor presencia de mujeres, comunidades afrodescendientes e indígenas en altos cargos del Estado. Son avances que incluso analistas críticos reconocen como parte de su legado.

Pero esos logros nunca lograron compensar el enorme costo institucional que terminó pagando el país. La principal promesa presidencial era la paz. No cualquier paz. La llamada Paz Total, presentada como el camino definitivo para terminar décadas de violencia.

En campaña y durante los primeros meses de gobierno se transmitió la idea de que la negociación reemplazaría rápidamente la confrontación, que el ELN y las demás organizaciones armadas encontrarían una salida política y que Colombia dejaría atrás la guerra.

La realidad fue completamente distinta.

Las disidencias crecieron, el ELN fortaleció su capacidad militar en múltiples regiones, aumentaron los confinamientos, los desplazamientos forzados, las extorsiones y los secuestros. Al final del mandato el propio........

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