Por: Carlos Yepes A.

Neiva: crece, se vuelve más densa, se recalienta y se expande hacia nuevas periferias. Sin embargo, su guía principal de organización territorial parece quedarse corta frente a esa dinámica. El Plan de Ordenamiento Territorial (POT) no debería entenderse como un requisito burocrático ni como un anexo técnico para archivarse en una estantería: es el marco que permite decidir, con reglas claras, cómo se ocupa el suelo, qué áreas deben preservarse, en qué lugares es razonable urbanizar, cómo se estructuran las conexiones entre barrios y qué infraestructura debe priorizarse para que los servicios públicos funcionen de manera sostenible. En ese sentido, la Ley 388 de 1997 concibe el POT como un conjunto articulado de objetivos, políticas, programas y normas orientadas a conducir el desarrollo físico y el uso del territorio.

Esa misma norma introduce un detalle que, en la práctica política, suele subestimarse: el ordenamiento no es indefinido, tiene vigencias y responsabilidades. El componente estructural está pensado para el largo plazo (tres periodos de gobierno), el mediano plazo se proyecta a dos periodos y el corto plazo a uno. Cuando esas vigencias se cumplen, la revisión no es un acto opcional, sino una obligación si se pretende administrar con coherencia y continuidad. Incluso, la ley advierte que, si el municipio no adopta un nuevo POT al terminar la vigencia, el anterior continúa rigiendo; la ciudad, entonces, no se detiene, pero queda resolviendo desafíos actuales con reglas construidas para un contexto que ya cambió.

Por eso Neiva genera inquietud: su POT fue adoptado en 2000 (Acuerdo 016) y, años después, revisado y ajustado en 2009 (Acuerdo 026). En términos prácticos, una parte sustancial de la visión territorial sigue anclada a diagnósticos y supuestos de hace más de una década. Aunque el Plan de Desarrollo municipal vigente reconoce la necesidad de “gestionar la revisión y ajuste del POT”, el punto........

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