Por: Amadeo Gonzalez Triviño

Lo primero que debemos advertir es que toda decisión judicial, como la de las altas Cortes, se corresponde a un ordenamiento de la vigente y conocida “CONSTITUCION POLITICA DE COLOMBIA”, adoptada luego del proceso de Asamblea Nacional Constituyente de 1991, donde se asignaron unos roles específicos a las ramas del poder público, entre ellos, la Administración de Justicia.

En consecuencia, la aplicación de dichos preceptos deben ser consonantes con las otras ramas del poder público, y sin lugar a dudas, dado el carácter y la forma como se dispuso la composición de cada una de ellas, el origen político institucionalizado repercute y se evidencia en la toma de decisiones que hayan de adoptarse en un determinado momento.

La coyuntura social que vive el país, hace más de tres años, está revestido de una polarización radical que surgió desde el momento en el que fue elegido el actual........

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