Alfonso Vélez Jaramillo

La campaña electoral en Colombia entró en su etapa crucial, lamentable y peligrosa, porque es la más dañina para la estabilidad de las amistades.

No son pocas las discusiones entre viejos amigos aupados por la maldita polarización, que ha logrado dividir en dos bandos los enfrentamientos por el poder.

Inclusive, ya no somos liberales o conservadores.

Según los estrategas políticos: somos izquierdistas o derechistas, y no es raro escuchar términos despectivos como zurdo, guerrillero. derechozo o paracos., para referirse a alguien.

 Derechista o izquierdista, dos términos para justificar la vergonzosa movilidad de los dirigentes de un partido a otro, sin principios ni justificación alguna. 

Creo que, si alguna persona que vivió la época de la violencia de los años 50s y 60s, en la cual se mataban por el trapo rojo y azul y sus principios, sentirían vergüenza de los dirigentes de hoy. 

No son pocas las discusiones entre viejos amigos con saldos trágicos para la sociedad y la familia, como se ha visto en los últimos días. 

Aquí los partidos políticos que antes eran alternativa de poder y se guiaban por sus principios fundantes, la brújula para la toma de las grandes decisiones, han pasado, no a segundo plano, sino al último plano, sin pena y sin gloria. 

La irresponsabilidad (término sencillo para no herir susceptibilidades) de sus directivas, desconociendo la voluntad popular, ha llevado a los partidos tradicionales, liberal y conservador a negociar o mendigar la participación.

Ya no tienen candidatos propios, lo peor, saben que no tienen las mayorías ni el chance para ganar elecciones, si tienen jefes políticos en las regiones que son los que ponen los votos. 

Y con esos votos, quienes imponen las decisiones en Bogotá, luego si están atentos a exigir  la participación en el Gobierno, so pena de atravesársele a los proyectos o sancionar a sus miembros que no acaten su dirección.

Se oponen sin argumentos ni debates serios, como ocurrió con las reformas del gobierno de Gustavo Petro, que terminará el 7 de agosto. 

La reforma política es necesaria y urgente, creo que la ley de los partidos es violatoria de los derechos humanos, uno de los grandes logros establecidos en el artículo 19 de la Declaración Universal de los derechos humanos, en Francia.

El derecho de opinión es un derecho inalienable, como la libertad de expresión y la libertad religiosa, que no pueden ser restringidos bajo ninguna forma.

Aquí cualquier partido se abroga el derecho a prohibirle la voz y el voto a un concejal, diputado o congresista, inclusive, cuando expone la libertad de conciencia, para asumir sus posiciones políticas.

No es excesivo afirmar que acabaron con los partidos políticos, por la voracidad personal, el interés de las camarillas y el trabajo para terceros interesados en mantener el statu quo, o la creación de nuevas normas afines a sus intereses, como en el sistema de salud.   

Con la ley de los partidos, las damnificadas son las bases populares que ponen los votos, exponen sus vidas, hacen el trabajo comunitario, ayudan a sus amigos, pero a la hora de la verdad, deben acatar las órdenes de sus apáticos jefes en la capital del país.  

Aquí los partidos políticos perdieron notoriedad por la incapacidad democrática de sus directivas de turno de respetar la voluntad popular. Una reforma constitucional es peligrosa o beneficiosa para los jefes políticos, de acuerdo al momento político, Pregunto: ¿Por qué si fue viable reformar la carta y permitir la reelección del gobierno Uribe?

¿Por qué ahora no es viable cuando hay un gobierno de corte social?

Pasa lo mismo con los procesos de paz, que se han convertido en “la despensa del derecho penal para los amigos”, como ocurrió con la Ley 975 de 2005, conocida como el “Pacto de Santafé de Ralito”, con las autodefensas y los paramilitares.

O con la “paz total” Ley 2272 de 2022, del gobierno de Gustavo Petro, mediante la cual se pretende la negociación de manera simultánea con grupos guerrilleros, paramilitares delincuentes comunes y su sometimiento a la justicia.

Bajo esta Ley se les ha permitido la vida social a integrantes de grupos armados ilegales, ante la mirada desconcertada o admiración de muchas personas.

Lástima que no hay consenso popular sobre los grandes problemas del país, para una reforma constitucional, la única manera democrática de hacerla bien, no en el Congreso, por sus intereses.

Una reforma que tenga en cuenta los beneficios populares, los empresarios, las relaciones internacionales, contra el nepotismo.

Abundan las jugarretas políticas para “hacerle mamola “a la ley, como ocurre con muchas familias en el poder con sus miembros que pertenecen a partidos políticos diferentes. 

¿Será que nos acostumbramos a que en cada gobierno hay un partido o un derecho penal para los amigos o enemigos?

© Diario del Huila