Las recientes elecciones en Extremadura, Aragón y en Castilla León, han otorgado sendas mayorías a la suma del centro-derecha y otras derechas parlamentarias, lo que, por lo visto, ha desatado los nervios entre formaciones autodenominadas “progresistas”. Al parecer éstas se han movilizado para transmitir a la ciudadanía ciertos mensajes de alarma social, afirmando, poco menos, que son formaciones fascistas. Se trata de un relato interesado, sectario y falso, al tratar de convencer de que en España solo son posibles tres formaciones políticas: el bloque  de los autodenominados progresistas, la derecha y la extrema derecha. Sin embargo, olvidan adrede, que en España gobierna quien alcanza mayoría parlamentaria y quien suma, que por cierto es el discurso constante que ha utilizado el actual Gobierno para justificar sus pactos de legislatura. La actual polarización ha hecho del pacto una necesidad de gobernanza, instalando una nueva doctrina en relación a que pactar es legítimo, aunque no me convenza el socio, pero me salgan los números. Ante este nuevo escenario hablan de diálogo, pluralidad, respeto a la aritmética parlamentaria, para no cuestionar la legitimidad de un gobierno autollamado progresista que engloba a partidos populistas, comunistas, independentistas de derecha y de extrema izquierda y nacionalistas radicales. 

Parece que como los números hablan ya no hay alarma social, ni prevalece la ética, ni la moral. Se justifican en que gobernar exige negociar, ceder, acotar y rendir cuentas, aceptando que, si una mayoría parlamentaria es viable dentro del marco constitucional, intentar construirla así no es un escándalo, si no que es cumplir con la responsabilidad que otorgan las urnas. Eso sí, censuran la reciprocidad, ya que si la mayoría posible se articula en el espacio del centro-derecha y otras derechas, entonces la misma aritmética pasa a ser tildada de antidemocrática y fascista, al parecer su listón moral se eleva de repente. Por ello, lo verdaderamente inquietante del debate no es la crítica política, legítima y necesaria, sino su intento de levantar una frontera moral, eso sí selectiva en un único sentido, para aceptar que la izquierda negocie con quien necesite, quiera o pueda para gobernar, salvando divergencias ideológicas o territoriales que, a veces, generan acuerdos injustos, pero lo consideran parte del juego. Pero cuando el centro-derecha y otras derechas, podrían hacer exactamente lo mismo, se sugiere que el sistema estaría en peligro para algunos, ya que al parecer la diferencia no la marca la Constitución ni la Ley, sino la sensibilidad ideológica de quien juzga. En mi opinión, hablar de las reformas necesarias y de los límites que se establecen para un pacto, debería ser el terreno del debate democrático y lo que resulta llamativo es que pretendan convertir una negociación legitima, en sí misma, en una falta de ética y en una perversión del sistema de pactos. 

En el fondo, el mensaje que se lanza es muy inquietante: hay pactos que deben ser neutralizados por un cordón sanitario permanente y otros sí permitidos. Como si el pluralismo tuviera condiciones previas impuestas, por no se sabe quién, con mayor autoridad moral, o como si la democracia necesitara de falsos tutores que certifiquen qué mayorías son aceptables y cuáles no. Se olvidan, interesadamente, de que la verdadera democracia legítima no funciona así sino con otras reglas de legalidad, representación y mayoría parlamentaria. Si una mayoría es posible en el marco constitucional, intentar construirla no es ilegitimo ni  una provocación; es pura responsabilidad política. 

Lo demás es aceptar que el poder solo es legítimo si coincide con las opciones de quienes supuestamente otorgan certificados de legalidad, es decir, de los que van de “progresistas”. La verdadera democracia no necesita tutelas ni curatelas, sino el ejercicio de aceptar que todos los votos cuentan, aunque incomoden. Estamos hablando de un partido de derechas legal, cuyos diputados ocupan escaños ganados en urna, y si bien se puede discrepar y mucho, de su discurso, no se puede convertir su existencia en una anomalía democrática, y menos, cuando todavía hay algún partido que no ha condenado el terrorismo y ha sido blanqueado interesadamente para poder gobernar con sus votos y con los de un prófugo de la justicia, y eso, sí  debería ser una anomalía democrática.

Ricardo López Pérez. Ex vicepresidente de la Junta de Aguas de Tudela

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