Navarra se juega en el debate sobre el biometano algo más que el futuro de una tecnología renovable. También está en cuestión la confianza en sus instituciones y en la estabilidad de las reglas que ordenan el desarrollo económico y territorial. Cuando un proyecto supera los procedimientos establecidos y obtiene las autorizaciones ambientales exigidas, debe existir una perspectiva razonable de continuidad. Preservar esa confianza es una responsabilidad institucional compatible con una regulación exigente y con todas las garantías que merece la ciudadanía.

El Parlamento de Navarra decide este jueves si prórroga hasta finales de 2028 la moratoria al desarrollo de plantas de biometano. La decisión afecta a inversiones, acuerdos con explotaciones agrarias y expectativas de actividad en los municipios. Aunque la propuesta contempla excepciones y su finalización anticipada si entra en vigor una nueva regulación, extender la suspensión prolonga la incertidumbre. Navarra puede completar su ordenación y garantizar un desarrollo armónico con el territorio permitiendo que avancen los proyectos que acrediten su adecuación.

Respetar las autorizaciones concedidas

La regulación de 2025 ya distinguió entre proyectos según su situación administrativa y excluyó de la suspensión a los que habían obtenido la autorización ambiental integrada. Esa distinción respondía a una razón de fondo: las decisiones de la Administración generan confianza y sustentan compromisos económicos. Al revisar ahora la moratoria, el Parlamento debería preservar ese criterio.

Una autorización ambiental culmina un procedimiento de evaluación y establece las condiciones que debe cumplir una........

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