Hay algo profundamente desconcertante en la forma en la que determinadas personas con responsabilidad política se expresan cuando tienen un micrófono delante. Con una seguridad absoluta, son capaces de defender una cosa y la contraria según convenga al momento. Esto parece estar ocurriendo con el Partido Socialista en relación con las piscinas de Larrabide. Tanto el director del INDAF como la consejera competente y el vicepresidente parecen haber interiorizado un mismo discurso, repetido de forma casi mecánica, aunque no resista un análisis riguroso. 

Y es aquí donde afloran las contradicciones. Un partido que se presenta como social y cercano a la ciudadanía toma una decisión que, en la práctica, va en sentido contrario. El mensaje implícito parece claro: se cierra una piscina pública como la de Larrabide y se deriva a los usuarios a Guelbenzu, como si el problema quedara así resuelto. Pero no lo está. Y lo más preocupante es que no parece haber una reflexión real sobre las consecuencias sociales de esta decisión.

La realidad es tozuda. La zona sur de Pamplona -Iturrama, Ensanches, Milagrosa, Santa María la Real, Lezkairu y Mendillorri- suma cerca de 80.000 habitantes. Para todos ellos, solo hay dos instalaciones: Larrabide, con capacidad para 1.055 personas, y Guelbenzu, con 600. Mientras tanto, en la zona norte existen Aranzadi y Aquavox, ambas con un aforo de unas 1.200 personas cada una. La diferencia es evidente.

Las piscinas no son un lujo: son una necesidad. En veranos cada vez más calurosos, funcionan como auténticos refugios climáticos. En Larrabide, cada mañana acuden personas mayores -muchas de ellas de más de 70 u 80 años- que encuentran allí no solo un lugar donde refrescarse, sino también un espacio de encuentro y socialización.

Por la tarde, llega la juventud, que disfruta de un ocio sano y seguro. Y también las familias, que tras la jornada laboral encuentran en la piscina un lugar accesible donde compartir tiempo con sus hijos e hijas. Conviene no olvidar tampoco la realidad social de barrios como Milagrosa, donde muchas familias -incluidas numerosas de origen inmigrante- dependen de este tipo de instalaciones públicas para sobrellevar el verano en condiciones dignas. Para ellas, no hay alternativas fáciles.

Los datos, además, son claros: en agosto, Larrabide alcanza su aforo máximo en más de la mitad de los días. Ante esto, la pregunta es inevitable: ¿de verdad alguien cree que cerca de 1.000 personas pueden ser absorbidas por una instalación como Guelbenzu, con un aforo de 600?

Nadie discute la necesidad de mejorar las infraestructuras deportivas ni de contar con una piscina de 50 metros para la práctica de alto nivel. Pero Navarra cuenta con apenas una veintena de nadadores/as de élite. ¿Debe sacrificarse un servicio público esencial para miles de personas ciudadanas en beneficio de una infraestructura pensada para un pequeño grupo?

La solución no pasa por elegir entre unas y otras personas. Pasa por planificar mejor, por buscar ubicaciones alternativas y por no desmantelar lo que ya funciona y cumple una función social evidente. Incluso dentro del propio entorno de Larrabide existen opciones que podrían explorarse sin eliminar la piscina actual, por ejemplo, hacer la piscina olímpica en el campo de fútbol. Porque gobernar no es repetir consignas. Gobernar es entender la realidad y tomar decisiones que mejoren la vida de la mayoría. Y en este caso, esa mayoría parece haber quedado fuera de la ecuación.

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