Secretaroa d'Igualtat Agrupació Socialista de Palma

Imagen de un feto de siete meses / Agencias

No hace falta derogar una ley para vaciarla de contenido, basta con rodearla, ley a ley, hasta que quede hueca. Eso es lo que está en juego con la llamada «ley del concebido no nacido», aprobada en Madrid y que Alberto Núñez Feijóo ya ha prometido extender a toda España si llega a la Moncloa.

La norma, dicen sus promotores, es inocente: reconoce al feto como miembro de la unidad familiar para acceder antes a becas, ayudas al alquiler o comedor escolar. Nada que roce, insisten, el derecho al aborto. Pero el feminismo lleva décadas aprendiendo a leer entre líneas de las leyes que dicen no tocar nada, y lo que hay entre líneas aquí es una ficción jurídica peligrosa: la idea de que el feto es sujeto de derechos propio, separado y autónomo del cuerpo que lo gesta.

Ese es exactamente el andamiaje conceptual que necesita cualquier ofensiva futura contra la interrupción voluntaria del embarazo. Primero, se normaliza la personalidad jurídica del no nacido en un terreno aparentemente inofensivo. Después, ese precedente se invoca para argumentar que el Estado tiene la obligación de «proteger» al nasciturus también donde de verdad duele: en la........

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