Imagen del acto de recuerdo de las últimas víctimas mortales de ETA en España. Fue en 2009 en Palma de Mallorca y murieron dos guardias civiles / Guardia Civil

Cuando el 3 de mayo de 2018 la organización terrorista ETA acordó su disolución, pensé que aquel adiós a las armas, trufado de derrota, se hacía a cambio de la libertad de sus militantes presos.

Nueve años después quedan en las cárceles españolas poco menos de 125 presos de ETA, la mayoría con elevadas condenas, pero muchos con regímenes de semi-reclusión y otros a punto de conseguir la libertad.

La ecuación cese de acciones por excarcelaciones nunca se planteó explícitamente, pero a buen seguro que formó parte de las negociaciones entre el Gobierno y la banda, mediadores internacionales incluidos. En su día parecía que el Estado había triunfado sin ningún tipo de concesión: era una falacia. En estos años la máquina de los Gobiernos central y vasco y las asociaciones de apoyo a los presos ha trabajado soterradamente para abonar el precio del acuerdo.

Cierto que Policía y Guardia Civil y Audiencia Nacional han continuado investigando crímenes sin esclarecer; cierto que han proseguido los juicios contra los terroristas, algunos con duras........

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