Rafael Quiroz Serrano*

El 3 de enero de este año marcó un hito en la historia contemporánea de Venezuela: el derrocamiento del presidente (ilegitimo de origen) Nicolás Maduro, un evento que no solo alteró el panorama político interno, sino que también reverberó en las esferas geopolíticas globales. Este suceso ha abierto las puertas a una transición tutelada por Estados Unidos (EE.UU.), con un enfoque primordial en la reactivación de la industria petrolera.

En este contexto, los anuncios del presidente Donald Trump sobre políticas energéticas han cobrado un protagonismo central, posicionando a Venezuela como un tablero clave en la disputa por el control de recursos estratégicos y la estrategia estadounidense de dominación energética, inscrita en la aplicación de la política exterior de áreas geográficas de influencia (Doctrina Monroe).

A continuación, se hacen esfuerzos para ordenar los elementos clave de este nuevo capítulo, se esbozan escenarios económicos y políticos plausibles, y se analizan los obstáculos que podría enfrentar la administración Trump en su ambicioso plan de recuperación rápida del sector petrolero venezolano.

El colapso del régimen madurista el 3 de enero se produjo en medio de una crisis económica aguda, amenazas de hiperinflación, salarios deprimidos y un aislamiento internacional creciente del gobierno venezolano. La intervención militar efectiva, y altamente eficiente por parte de EE.UU., puso fin a más de dos décadas de chavismo, caracterizado por una incompetencia e incapacidad manifiesta a toda prueba, y violación a los derechos humanos en todas sus expresiones. Este evento no es meramente un asunto doméstico; representa un giro en las alianzas globales. Venezuela, poseedora de una de las mayores reservas probadas de petróleo del mundo, ha sido un aliado estratégico para potencias como China, Rusia y Cuba, que han disfrutado de ventajas notables y precios preferenciales en el acceso a su crudo, y a diversos minerales, a cambio de apoyo político y financiero.

Los anuncios de Trump, realizados en las semanas siguientes al derrocamiento de Maduro, buscan revertir esta dinámica. El presidente estadounidense ha enfatizado la necesidad de reactivar la industria petrolera venezolana bajo un «tutelaje claro» que priorice los intereses de empresas estadounidenses. Esto implica desplazar a los beneficiarios previos –China, Rusia y Cuba– y fomentar inversiones de capital privado de EE.UU. para reconstruir la infraestructura energética deteriorada. El objetivo es preparar el terreno para un auge en la producción a mediano y largo plazo, convirtiendo a Venezuela en un proveedor confiable de petróleo para el mercado norteamericano y reduciendo la dependencia de fuentes inestables en Oriente Medio.

Sin embargo, la respuesta inicial de gigantes petroleros desde la misma Casa Blanca, al llamado del presidente Trump, como ExxonMobil y ConocoPhillips ha sido dubitativa. Ambas compañías, que sufrieron expropiaciones y modificaciones contractuales durante el gobierno de Hugo Chávez, particularmente con la reforma de la Ley de Hidrocarburos en 2006, cuando se aumentó la participación mayoritaria de PDVSA en empresas mixtas. Las “majors”, por ello, citan riesgos persistentes de incautación e inestabilidad jurídica como trabas para brindarle respaldo a los anuncios de Trump.

Sin duda que existe reticencia de las empresas estadounidenses grandes dispuestas a invertir inmensos capitales o llamadas a invertir como son Exxon y Conoco. Están esperando a que se defina más claramente la cuestión jurídica, para no arriesgar una inversión que podría verse truncada por un cambio político interno adverso o un giro contrario en el propio gobierno estadounidense que, por ejemplo, signifique una derrota política del partido Republicano, y que lleve a cuestionar la continuidad de los actuales planes de Trump con respecto a Venezuela. Bien sabemos que de la fortaleza política de Trump va a depender lo que vaya a pasar en Venezuela.

En el caso del devenir de la producción petrolera en Venezuela su recuperación va a ser lenta y descansará en los planes de Chevron, ya que en los casos de Eni y Repsol, estas empresas están más orientadas a la producción de gas natural, y su principal interés es cobrarse la deuda que tienen con PDVSA, habida cuenta que no ha sido honrada desde marzo de 2025. Es decir, Chevron tiene una agenda más clara.

Persiste la duda, aun en el caso de Chevron, si se puede contar con grandes inversiones, tal como espera Trump que pase. Esperar un compromiso importante de inversión en el caso de las empresas mixtas asociadas a capital chino o ruso es una interrogante, debido a la pérdida del musculo político de Rusia y China en Venezuela, luego del derrocamiento de Maduro. Repetimos, entonces que cualquier prospecto de incremento rápido de la producción petrolera venezolana va a depender de Chevron. Hay que recordar que el único mejorador operativo actualmente es Petropiar, donde participa Chevron. Asimismo, Chevron ha venido subiendo lentamente la producción en Petroboscan y la Faja del Orinoco, y en menor dimensión en Petro-independencia y Petro-independiente.

En un escenario optimista la producción petrolera en Venezuela puede subir 300.000 barriles diarios hasta finales de 2027. En el muy corto plazo Chevron ha anunciado que podría subir la producción en 50% con respecto a los 220.000 barriles diarios (B/d) de la actualidad, lo que implicaría........

© Diario de Los Andes