Creado: 13.04.2026 | 06:00

Actualizado: 13.04.2026 | 06:00

La obligatoriedad de que cada conductor español se provea de una baliza para su vehículo con un coste medio de 40 euros ha llegado a la Comisión Europea a través de una pregunta del PPE que pone el dedo en la llaga de la sospecha. La cuestión es "si la obligación de adquirir un modelo concreto podría favorecer intereses comerciales específicos y generar distorsiones de competencia contrarias al derecho comunitario", y si la CE creía que España había adoptado «las suficientes para garantizar transparencia, competencia leal y ausencia de conflictos de intereses». La respuesta —por cierto, de Teresa Ribera— se ha ido por los cerros de Úbeda.

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