Los inmigrantes que se pueden acoger al proceso de regularización extraordinario ya viven entre nosotros. Son nuestros vecinos, sus hijos son compañeros de los nuestros en el colegio y juegan juntos en los parques, hacen la compra en los mismos sitios, nos los encontramos cuando paseamos al perro. A partir del lunes, si reúnen los requisitos, podrán regularizar su situación, lo que significa acceder al estatus de ciudadano, es decir, tener derechos y obligaciones, como pagar impuestos. Para acogerse a la regularización es preciso haber estado en España antes del pasado 1 de enero, haber vivido en el país un mínimo de cinco meses ininterrumpidos cuando se hace la solicitud y no tener antecedentes penales.

Por tanto, la reacción furibunda que ha provocado en la derecha esta medida impulsada por el Gobierno central no se puede entender más que en clave electoral y de lucha por el voto. Una medida que por otra parte se ha empleado en España con gobiernos del PSOE y del PP para gestionar en momentos puntuales un problema que no solo es humano y social, sino también económico. Sin papeles, los inmigrantes están condenados a trabajar en la economía sumergida y a sufrir explotación y precariedad en todos los sentidos, puesto que la precariedad laboral se extiende al resto de la vida. Son carne de abusos. El propio José María Aznar, faro de la derecha más escorada, hizo dos regularizaciones en los años 2000 y 2001 que beneficiaron a más de medio millón de extranjeros. Cáritas y la Fundación Foessa lo advierten desde hace años: la situación administrativa irregular es sinónimo de exclusión social, impide que estas personas puedan sumarse al tejido productivo legal y es un lastre para la economía. No hay que olvidar que las grandes bolsas de pobreza y vulnerabilidad representan un grave problema para la sociedad en su conjunto.

Ya ha arrancado la carrera rumbo a las urnas y cualquier munición es buena, especialmente la que atañe a los inmigrantes, a esos «otros» a los que se presenta como una masa compacta y sin rostro, despojada de rasgos humanos, asociada a delincuencia y a amenaza. Y que además no pueden votar.

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