Con ese argumento, literalmente con esas palabras, el Gobierno de España, a través de su superministro Félix Bolaños, respondió a la petición de reparación del daño presentada una vez que el Tribunal Constitucional constató que mis derechos fueron vulnerados injustamente.

Esa frase expresa, sin disimulo, lo que realmente piensan: que hay quienes tienen el derecho divino de ser intocables y después estamos el resto, la mayoría, que debemos soportar el daño y punto. ¿Que no te llega el sueldo para pagar el alquiler y el Gobierno no hace para remediarlo? A soportar el daño ¿Que pediste hora con un especialista y te dan cita para dentro de un año y medio? Pues nada, a soportar el daño. Y así todo. No es un lapsus, no es un desliz, es una forma de entender el mundo, la sociedad y el funcionamiento institucional. Unos pocos lo merecen todo y el resto a callar y aguantar -soportar-, que la vida es así.

No quiero ser un plasta ni pienso dedicar medio artículo a la cronología de los hechos que nos llevaron hasta aquí, pero me gustaría hacer énfasis en una cosa que tengo clarísima. Hablo de la naturaleza del castigo. Es evidente que tiene una parte individual importante, se elige a una persona y se aplica la fuerza de las instituciones —ya sean policiales, judiciales, mediáticas o políticas— de manera totalmente desproporcionada para conseguir el objetivo buscado: triturarla.Por supuesto, es bastante probable que consigan su objetivo ya que la persona enfrenta, desde la desigualdad, un proceso de años que martiriza, que condiciona su vida, la de su entorno, que tiene un coste económico enorme y que deja como vía más sensata -y legítima, ojo- tirar la toalla.Todo ese castigo individual es innegable y en mi caso, como en la mayoría de ocasiones, tuvo que ver con el activismo social. Inicialmente, no tenía que ver con política institucional. Con política con mayúsculas sí, eso siempre, entendida como la forma que tenemos los seres humanos de organizarnos en sociedad y los conflictos que se derivan de ello. Creo que entienden a lo que refiero, solo es una aclaración de que esto no ocurrió en aquel momento por ser de ningún partido, esto fue una estrategia represiva contra una lucha social que se les iba de las manos.Esto me sirve para enlazar con la idea central que quería transmitir, el carácter colectivo del castigo. Resulta a todas luces evidente, pero muchas veces las cosas hay que enumerarlas bien y describirlas para tener una visión de conjunto y la perspectiva clara de la gravedad de lo que tenemos entre manos.Año 2014. La primera fase del castigo colectivo fue contra el activismo, contra el movimiento social canario, mandando un mensaje claro de criminalización: confrontar al poder no es aceptable y se paga caro. Si te manifiestas, si ejerces tu derecho a la libertad de expresión y el movimiento consigue la fuerza suficiente te vamos a detener, te vamos a multar y te vamos a juzgar. En resumen, te vamos a arruinar la vida. La Constitución recoge derechos colectivos, pero a condición de no usarlos. Este es el mensaje claro que envían a la sociedad.Año 2020. Ni pandemia, ni leche cacharro. Para la maquinaria represiva nunca hay descanso. Comienza la segunda fase del castigo colectivo, que tiene su punto álgido en la retirada del escaño tras el juicio fake sin pruebas de 2021. Otra vez, el mensaje del poder es claro e inequívoco: no es legítimo votar a cualquiera, si no votan lo que nosotros queremos, no es válido y vamos a alterar la voluntad popular usando todas las herramientas a nuestro alcance. Según la Academia Canaria de la Lengua, emparejar significa reprender, censurar, reprochar con acritud la conducta de alguien.Básicamente, eso fue lo que hicieron sin mucho disimulo: emparejar a decenas de miles de canarios y canarias por haber votado “incorrectamente”.A partir de finales de 2022, entramos de lleno en la tercera fase del castigo colectivo, que es en la que nos encontramos actualmente. Resulta que el PSOE tenía -y tiene- en sus manos el Gobierno de España, en aquel momento también el Gobierno de Canarias, y una mayoría afín en el Tribunal Constitucional; y reciben la desagradable sorpresa de que un grupo de gente joven de todas islas decide formar parte de la ola de autoestima y amor propio que recorre nuevamente nuestro Archipiélago y comete la osadía de crear un partido político.Esta pibada incauta comete varios crímenes imperdonables. No le piden permiso a nadie para crear el partido, lo hacen sin complejos en plena ebullición de la “antipolítica”, sabedores de que sin acceso al BOC el futuro pinta feo, encima hablan de perspectiva autocentrada y de que las decisiones se deben tomar en Canarias y no a 2000 kilómetros y, para colmo, ponen de candidato al Parlamento al tipo que el propio PSOE había echado del Congreso años atrás con la complicidad de la izquierda estatal. Demasiadas pretensiones tienen estos de Drago Canarias como para tratarlos de manera justa.Y a partir de ahí todo lo que ya conocen. Teniendo la mayoría “progresista” -sic- en el Tribunal Constitucional, negaron las medidas cautelares para la devolución del escaño y dilataron en el tiempo la resolución judicial para evitar que se pudiera ocupar el escaño y para forzar que Drago Canarias se presentara a las elecciones de 2023 con uno de sus candidatos cargando la sombra de la duda encima.A pesar de eso, este proyecto político irreverente y tantas veces cuestionado fue votado por más de 30.000 canarios y canarias. ¿Cuánta gente hubiera votado teniendo claro que su candidato era inocente y habían vulnerado sus derechos injustamente? Nunca lo sabremos, es imposible saberlo. Pero lo que sí sabemos es que la inquina continóa. Lo repiten soterradamente hasta la saciedad, intentando que no despertemos de la larga noche de los 500 años como dijeron los zapatistas. Canarias no tiene derecho a tener voz propia desde el progresismo, desde lo popular, desde la autoestima. Eso es un derecho reservado a otros pueblos. Nosotras y nosotros, a callar, a coger la bandeja, a servir y en el mejor de los casos, si queremos alzar la voz tiene que ser de manera tutelada.De ahí y no desde ningún otro lugar es de donde nace la resolución de Bolaños, sentado en el Consejo de Ministros junto a personas que prometieron a Canarias trato igualitario, respeto y participación en todos los asuntos que nos afectarán. No cumplieron ni una, tanto es así que en el paquete de medidas para paliar los efectos de la guerra en Irán se “olvidaron” de Canarias y del pequeño detalle de que aquí no tenemos IVA.Afortunadamente, estamos acostumbrados a “soportar el daño”, somos un pueblo humilde y sufrido, pero peleón cuando nos intentan pisar y resiliente hasta límites que ellos ni sospechan. Vamos a seguir, porque lo tenemos claro, porque tenemos motivos de sobra y porque estamos cogiendo el testigo de muchos y muchas que ya lo hicieron antes.Decidir sobre nuestras vidas y nuestros futuros no es un crimen, es justicia y es necesidad. Más vale que se acostumbren a nuestra existencia porque nos queda autoestima y amor propio para rato. Y si no somos nosotras, serán las siguientes, pero pronto Canarias amanecerá libre de injusticias, de expolio, de destrozos y de daño soportado.

*Concejal de Drago VerdesCanarias en La Laguna

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