24 de febrero 2026 - 03:08

La semana pasada tuvo lugar una noticia escandalosa consistente en la querella interpuesta en un juzgado de Violencia conta la mujer de Madrid, al director adjunto operativo de la Policía Nacional, José Ángel González, acusándole de un delito de violación. La denuncia fue presentada por una inspectora contra su jefe superior que, dos horas después de difundirse la noticia, presentó su dimisión.

Después se supo que dicha dimisión se produjo cuando el querellado fue advertido por el Ministerio del Interior de que sería cesado de inmediato, si no dejaba el cargo por su propia voluntad. Estos son los hechos que dieron lugar al vocerío que se produjo en el Congreso de los Diputados contra el ministro Fernando Grande-Marlaska pidiendo su dimisión acusándole, poco menos, de ser encubridor de un delito cometido por un alto mando de la Policía Nacional. Sin ninguna prueba, se acusa al ministro Grande-Marlaska de haber “tapado y protegido” a un presunto violador.

Se supone que un delito de violación se produce en absoluta intimidad y no sería lógico que el autor lo propague a los cuatro vientos, pero los diputados Mirian Guardiola, Cayetana Álvarez de Toleto, Miguel Tellado y algún otro exaltado, tenían la certeza de que el ministro Grande-Marlaska sabía que un cargo de su confianza era un violador. Salvo que dispongan de un servicio de espionaje en el Ministerio de Interior, no entiendo qué medios podían tener estos diputados para asegurar que Grande-Marlasca tiene que saber cada paso que dé una persona que trabaja bajo su mando. La respuesta del ministro del Interior fue que las palabras de acusación que pronunciaron en el Congreso de Diputados, bajo la protección de la inviolabilidad parlamentaria, las trasladasen a la calle, y a los susodichos parlamentarios se les bajaron los humos. La inviolabilidad parlamentaria es una prerrogativa establecida en el artículo 71 de la Constitución que garantiza la irresponsabilidad jurídica de diputados y senadores por las opiniones y votos emitidos en el ejercicio de sus funciones, protegiendo su libertad de expresión dentro de ambas cámaras. Ante la posibilidad de ser acusados por calumnias, lo que en el Congreso de los Diputados era una certeza, en la calle se convirtió en un suponer.

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