Nadie debe llamarse sorprendido por el anuncio de ayer en Nueva York. 

El anuncio de la apertura de una acusación formal contra 11 funcionarios en activo y exfuncionarios, incluidos el gobernador Rubén Rocha Moya y el senador Enrique Inzunza Cázarez –su candidato a sucederlo el próximo año–, por su relación con Los Chapitos, era algo donde lo único sorprendente es que no fue antes. 

La acusación de la Fiscalía en la Corte de Brooklyn junto con la DEA colocan, por primera vez en la historia, a un gobierno mexicano -en este caso estatal-, al servicio del narcotráfico.

Le han disparado un tiro al corazón del régimen obradorista que no creía que la relación de los políticos con el crimen organizado era una prioridad de la Administración Trump. 

En el primer capítulo de la historia que apenas comienza, acusó a la parte más alta de la estructura política y a todo el aparato de seguridad y fiscalías, de haber servido a los intereses de Los Chapitos. 

En el proceso están los dos........

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