También se aprobaron reformas al Código Fiscal de la Federación, que le dan al SAT facultades discrecionales, basadas en meras sospechas, que pueden incluso poner bajo prisión preventiva a los contribuyentes.

En efecto, se aprobaron severas sanciones para quienes emitan o den efectos fiscales a facturas falsas, que amparen operaciones inexistentes, (según el SAT) y las penas van de dos a nueve años de prisión, además de la aplicación de prisión preventiva oficiosa. 

De tal suerte, con tan solo un CFDI cuestionado, se pueden generar las consecuencias ya señaladas para quien lo recibió, si quien lo haya emitido, esté en la lista negra de emisores de facturas falsas, aún y cuando el CFDI ampare un acto cierto y legal.

De hecho, el SAT, desde la entrega o notificación de la orden de verificación, estaría facultado para suspender la emisión de CFDI del contribuyente, y la suspensión se mantendría hasta le emisión de la resolución del procedimiento de verificación. 

Esto puede paralizar las ventas y dejar a la empresa sin liquidez, ni para pagar los sueldos a sus empleados, por lo que deben contar con planes alternativos para enfrentar esta contingencia.

Por otro lado, los contribuyentes que impugnen créditos fiscales, incluso mediante el recurso de revocación, deberán garantizar el crédito fiscal, más los recargos que se causen en los siguientes doce meses, preferentemente mediante depósito en el Banco del Bienestar.

Por otro lado, para el caso concreto de quienes perciben intereses pagados por el Sector Financiero, la Ley de Ingresos de la Federación aprobó un aumento en la........

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