En estos tiempos convulsos en los que vivimos, por si no estuviéramos suficientemente entretenidos, han aflorado dos personajes en esta suerte de lo que Pío Baroja denominaba siluetas románticas, Miguel Ángel Gallardo, líder del PSOE-Extremadura que se ha incorporado a la Asamblea de su Comunidad y se afora en pleno proceso judicial en el que está imputado, y Carlos Mazón, que por su condición de aforado está deslizando toda la responsabilidad de los efectos de la DANA en Valencia a Salomé Pradas, exconsellera de Justicia y responsable de Emergencias (es un decir) el día de la catástrofe.

Es curioso escuchar que Gallardo afirma llegar a la Asamblea Extremeña para quedarse y dar la batalla, se ignora a qué batalla se refiere. En el caso de Mazón, del que solo se pueden obtener declaraciones corriendo de un lado para otro proyectando una imagen de hiperactividad, solo se le ha podido escuchar la manida frase de que respeta la actuación de los tribunales de justicia a la que suele añadir lo que confiesan muchos imputados, su confianza ciega en la acción judicial (quizás piensen que así generan un sentimiento de empatía con los jueces responsables).

El caso de Miguel Ángel Gallardo es peculiar, ya que la obtención de la credencial de diputado de la Asamblea, tras forzar la dimisión de una compañera y la renuncia al acta de cuatro personas que le antecedían en la lista electoral provoca problemas conceptuales en relación a su aforamiento ya que la jueza instructora, Beatriz Biedma, se resiste a deshacerse de la causa ante las dudas de que el aforamiento haya sido efectivo antes de la apertura del juicio oral.

En todo caso, hay que advertir de que la noción de aforamiento no se corresponde con la noción de impunidad. 

El apartado 1 del artículo 102 de la Constitución establece una prerrogativa de aforamiento a favor del presidente y de los........

© Deia