Las elecciones presidenciales francesas se celebrarán los próximos 18 abril y 2 mayo de 2027, dos vueltas por lo tanto que enviaran al Palacio del Elíseo a su nuevo inquilino para cinco años. O inquilina. Ocho meses nos separan de ese importantísimo acontecimiento y antes de nada, hay que decir algo crucial que ya no se discute: Marine Le Pen está legitimada para presentarse a las elecciones presidenciales de 2027. No es una opinión, no es un deseo, no es una provocación. Es un hecho jurídico incontestable a día de hoy. El 8 de julio de 2026, el Tribunal de Apelación de París dictó una sentencia que todo el mundo esperaba como una guillotina y que resultó ser una puerta entreabierta. Sí, confirmó la condena por el viejo caso de los asistentes parlamentarios del Parlamento Europeo, una picardía entre 2004 y 2016 donde su partido usó fondos europeos para pagar sus gastos nacionales. Sí, la mantuvo culpable. Pero desmontó por completo la estrategia de su muerte civil. El tribunal redujo la inhabilitación a cuarenta y cinco meses, con treinta meses en suspenso. Traducido al calendario real: quince meses efectivos. Le impuso tres años de prisión, dos en suspenso y uno bajo brazalete electrónico, y cien mil euros de multa. Y, sobre todo, le devolvió lo esencial: podría ser candidata a la Presidencia de la República. Esa misma noche, en la televisión, anunció que se presentaba y que recurriría al Tribunal de Casación para no tener que hacer campaña con una pulsera de vigilancia en el tobillo.

Esa Le Pen que nadie quería frecuentar y que ni podía presentarse venía muy bien a todo el mundo. Al bloque central macronista, porque le permitía existir sin programa, solo por oposición: votadme o viene el caos. Del lado de la izquierda, porque mantenía el Frente Republicano (antifascista) sin hacer balance y escondiendo todas sus miserias internas. A muchos medios, porque el monstruo que nunca gobierna es una historia que se cuenta sola. Una Le Pen condenada era muy rentable. No había que debatir sobre la luz, la vivienda o la industria. Bastaba agitar el espantapájaros. La sentencia del 8 de julio ha sido un terremoto silencioso: al devolverle la legitimidad, ha obligado a todos los demás a volver a hacer política de verdad. Por eso los debates lo monopolizaban queriendo saber quién era más anti-Le Pen. No se discutía cómo reindustrializar el Norte o recuperar la escuela. El debate era quién la frenaba mejor. El anti-lepenismo se había convertido en programa, en ideología y en profesión. Y cuando un país convierte el contra en su único proyecto, acaba votando a favor de lo que quería exorcizar.

El principio jurídico está asentado y es sólido. La justicia ha dicho: usted paga por lo que hizo, pero no desaparece de la vida democrática. Quien quiera ganarle, que la gane en las urnas, con argumentos y votos, no en los despachos de un tribunal. Esa es la primera lección republicana y es innegociable. Si........

© Deia (Tribuna Abierta)