He vuelto a vivir la misma escena más de una vez, en lugares distintos y con rostros diferentes, pero con el mismo desenlace.

Entro a comprar algo simple —lo cotidiano, lo que uno asume que ya no debería ser un problema pagar— y en el momento de cerrar la operación saco el teléfono con la naturalidad de quien ha interiorizado el discurso de la bancarización, de los pagos electrónicos, de la “modernización” del sistema financiero. Abro la aplicación, intento transferir… y entonces empieza el recorrido conocido: “no hay sistema”, “ahora mismo no pasa”, “solo efectivo”, o la frase más inquietante de todas, dicha casi en voz baja, como si fuera parte normal del procedimiento: “si es transferencia, es con recargo”.

Y ahí es donde la teoría y la práctica dejan de coincidir.

Y ahí es donde la teoría y la práctica dejan de coincidir.

Porque en más de una ocasión me he encontrado con ese patrón repetido: en una cafetería, el dependiente me dice que no hay conexión; en una tienda, que el POS no funciona; en un servicio de transporte, que “mejor en efectivo para evitar problemas”; y en un pequeño negocio, la insinuación directa de que el pago electrónico implica un “10% adicional”. No es un detalle menor ni una excepción aislada. Es una práctica que, aunque no siempre se reconoce abiertamente, se ha ido filtrando en la cotidianidad con una naturalidad preocupante.

Lo más complejo es que este escenario convive con un marco normativo que, en papel, está claramente orientado hacia lo contrario. El Banco Central de........

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