A la clase política española actual le cuesta más abrir los archivos del Estado al libre acceso ciudadano que lo que le costó al presidente José Giral, en julio del 36, armar a los sindicatos. Quizá el mayor problema de los archivos en España es que se ha tendido a considerarlos, precisamente, como armas. En situaciones de paz, las armas –lo sabe cualquiera– se guardan fuera del alcance de los niños. Y en situaciones de guerra, las armas se destruyen antes de dejar que caigan en manos enemigas.

Estos mismos dos principios parecen haber guiado el protocolo archivístico español. Ilustra de manera certera la relación que el Estado mantiene con la ciudadanía: unas veces como menor de edad y otras como potencial enemigo. La costumbre española de ver los archivos como armas –un hábito que se remonta a los tiempos de la Inquisición– sirve para comprender el paisaje archivístico español actual, marcado por lagunas considerables, crónicas dificultades de acceso, procedimientos laberínticos, una frustrante dispersión material y posturas altamente neuróticas de las personas y agencias responsables. Pero también explica sus capas arqueológicas, entre ellas el curioso yacimiento conocido como la Causa General, que ya quisiera para sí el arqueólogo Heinrich Schliemann.

La historia de los archivos españoles de los siglos XX y XXI está plagada de usos agresivamente oportunistas de “papeles” para marcar goles o neutralizar a los enemigos y también de hurtos y hogueras.

La semana pasada, el Gobierno ha querido escenificar una ruptura con esa costumbre –o, al menos, un deseo de romper con ella– al desclasificar, zas, “todos” los papeles del 23F que aún se guardaban bajo llave. Desafortunadamente, el tiro parece haberle salido por la culata. Aunque generó una enorme atención mediática y varias polémicas –Julián Casanova mantenía ante Xabier Fortes que Juan Carlos I no pudo no haberse enterado de los planes golpistas, mientras Javier Cercas le respondió altanero, tomándose una página entera en El País para entonar un “circulen, aquí no pasa nada”– tanto la forma como el contenido de la Operación Transparencia han servido para confirmar que la actitud del Estado no ha cambiado un ápice.

Lo que se ha publicado en la web de La Moncloa no va mucho más allá de una colección de imágenes descontextualizadas

Lo que se ha publicado en la web de La Moncloa no va mucho más allá de una colección de imágenes descontextualizadas

“Hay dos grandes problemas”, explica Henar Alonso, técnica superior de archivos en el Archivo General Militar de Ávila. “El primero es que este material sobre el 23F sale a la luz a raíz de un acto discrecional del Consejo de Ministros. Esto solo ratifica la gran queja que tenemos muchos sobre la situación actual: que la posibilidad de los ciudadanos de acceder a información pública clasificada dependa exclusivamente de la voluntad y la oportunidad política del gobierno de turno. El segundo problema es que la ejecución de esta supuesta desclasificación deja bastante que desear. Lo que se ha publicado en la web de La Moncloa no va mucho más allá de una colección de imágenes digitales descontextualizadas, entresacadas de fondos y........

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