Casi todos los días me suena el teléfono desde un número de Gaza. He aprendido a contestar de pie, preparándome para salir corriendo incluso antes de saber lo que voy a oír. A veces, la persona al otro lado de la línea solo llama para decir que sigue viva. Pero con la misma frecuencia me piden algo que no puedo darles: una farmacia que aún tenga insulina para mi joven prima Marah; una forma de enviar dinero que realmente llegue a su destino; cualquier información sobre cuándo podría abrirse un paso fronterizo. O quieren saber quién ha sido asesinado, ha desaparecido o se ha perdido bajo otra capa de catástrofe –y, más recientemente, quién ha sido secuestrado por las bandas. 

Estas conversaciones rara vez tratan sobre política, y mucho menos sobre el futuro de Gaza. Tratan sobre la próxima hora: si es seguro caminar por una calle concreta, dónde encontrar medicinas, si la Línea Amarilla –la frontera del territorio ocupado por las fuerzas israelíes desde el alto el fuego de octubre, que se ha ampliado del 50 al casi 70 % del enclave– se ha desplazado de nuevo. Miles de millas separan Londres de Gaza, pero en estas llamadas la distancia que siento con mayor intensidad es la que existe entre quien escucha a alguien que ama pidiendo ayuda y quien está al otro lado sabiendo que no puede ayudarle.

Entonces cuelgo y abro las noticias. Los titulares hablan de conferencias de reconstrucción, estrategias de recuperación y las instituciones que supuestamente gobernarán Gaza “el día después.” El vocabulario es refinado: estabilización, reconstrucción, recuperación, incluso una “Riviera de Gaza.” El mundo ya está debatiendo en qué debería convertirse Gaza, mientras que los palestinos siguen lidiando con lo que se ha convertido.

Para más de dos millones de palestinos no ha habido una transición clara de una guerra genocida a la recuperación

Para más de dos millones de palestinos no ha habido una transición clara de una guerra genocida a la recuperación

Para más de dos millones de palestinos, muchos de los cuales siguen viviendo en tiendas de campaña, no ha habido una transición clara de una guerra genocida a la recuperación. La vida cotidiana sigue girando en torno al desplazamiento, a la búsqueda de comida y a la supervivencia. Se trata de una sociedad que sigue siendo desmantelada, ladrillo a ladrillo, institución a institución, hábito a hábito, aunque ahora lo hace con más lentitud y menos público.

Y cuando escucho lo que piden las familias de Gaza, la comida y el agua son solo una parte. Cada vez más, y en voz más baja, oigo otra serie de preguntas: ¿Quién tiene realmente el control? ¿Quién puede protegernos si pasa algo? ¿Y si un grupo armado llega al barrio? ¿A quién llamamos si alguien nos roba, nos amenaza o se aprovecha de nosotros? ¿Cuándo habrá un gobierno al que podamos recurrir de verdad?

La seguridad se ha convertido en una necesidad propia e independiente –distinta del hambre y el refugio–, pero está entrelazada con algo más amplio. La gente no solo teme lo que pueda sucederles, sino no tener a quién recurrir cuando suceda. Esto se debe a que parte de lo que está desmantelando Gaza en este momento no es visible en absoluto desde una conferencia de donantes: la desaparición de la gobernanza y el colapso de cualquier autoridad funcional.

Los debates internacionales sobre Gaza giran cada vez más en torno a quién administrará el enclave tras la salida de Hamás, partiendo de la premisa de que el grupo debe ser apartado del gobierno y desarmado antes de que puedan comenzar la reconstrucción y un nuevo orden político. En enero se creó el Comité Nacional para la Administración de Gaza (NCAG), supervisado por la Junta de Paz del presidente de EEUU, Donald Trump, para suceder a Hamás y, en última instancia, dar paso a una administración tecnocrática palestina.

Ese proceso ha eludido en gran medida la cuestión de si Hamás debería gobernar Gaza, una cuestión política que, en última instancia, deben decidir los propios palestinos. Pero otra cuestión más inmediata es: ¿quién gobierna Gaza ahora?

Hamás no ha desaparecido, pero su capacidad para gobernar se ha visto gravemente debilitada. En julio, el Gobierno dirigido por Hamás disolvió el Comité de Emergencia que había administrado el enclave desde octubre de 2023, anunciando que transferiría sus responsabilidades al NCAG. Esta era, formalmente, la condición que se venía exigiendo desde hacía tiempo: que Hamás se disolviera como partido gobernante de Gaza. Hamás hizo precisamente eso. Pero Israel ha impedido que el nuevo comité entre en Gaza. En lugar de que una autoridad sustituyera a otra, los palestinos se han quedado sin ninguna.

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