La detención de Roger Mariaca, fiscal general del Estado, se convirtió en la noticia política del momento. Su rostro apareció en periódicos, televisión y redes sociales, acompañado de acusaciones de narcotráfico, corrupción y supuesta persecución política. Como suele ocurrir en Bolivia, aparecieron dos verdades absolutas: para unos, Mariaca es parte de una estructura criminal; para otros, es una víctima del poder. Probablemente la realidad sea más incómoda que ambas versiones.

Mariaca fue detenido después de que Estados Unidos revocara su visa junto con la de otras autoridades y exautoridades bolivianas. El Gobierno sostiene que existieron vínculos con actividades del narcotráfico. Sus defensores denuncian injerencia extranjera y una venganza por el caso Cerimedo. Mientras no exista sentencia, corresponde respetar la presunción de inocencia. Pero esa garantía no debería cerrar el debate sobre una institución que dejó de ser políticamente inocente.

En las últimas horas, Mariaca no solamente quedó detenido. También perdió el cargo de fiscal general después de que la Asamblea aprobara una ley y lo suspendiera definitivamente. También circularon denuncias sobre dinero enviado mediante códigos QR para conseguir votos, algo que merece investigación. Pero resulta más preocupante la facilidad con que una parte de la sociedad convierte a una autoridad en santo o demonio según quién la acusa y quién ocupa el Gobierno.

Para entender lo ocurrido hay que mirar atrás. La Fiscalía y el poder judicial boliviano nunca consiguieron construir una........

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