La economía de un país no se estabiliza de verdad cuando mejoran las cuentas del Estado, sino cuando sus habitantes pueden vivir con dignidad. Si una familia debe dejar de comprar alimentos o reducir sus comidas para soportar el ajuste, el problema fiscal se habrá trasladado a la mesa de los hogares. Esa factura tiene un costo social.

Un monitoreo de la Defensoría del Pueblo, realizado en diez ciudades entre el 31 de julio y el 25 de septiembre, encontró que 18 de los 21 alimentos básicos observados registraron incrementos superiores al cien por ciento, con alzas que en algunos casos superaron el 200%. El 71% de los hogares consultados consideró insuficientes sus ingresos para comprar alimentos; el 33% declaró haber reducido sus raciones diarias y el 76% destinaba entre la mitad y más del 90% de sus ingresos a alimentarse. Son cifras alarmantes.

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