Una de las muletillas favoritas de la clase política boliviana y, asombrosamente, hasta de algunos colegas abogados, es apuntillar a sus rivales bajo la temible acusación de traición a la patria. Se recurre frecuentemente a sindicar por ese delito cuando las actuaciones de contrario disgustan al otro u otras cuestiones, incluso, a veces no muy sanctas, pero bajo diversos supuestos de hecho que distan, y mucho, de lo que el legislador ha descrito previamente cumpliendo la exigencia de legalidad como tal.

Y es que, sin que suene a disculpa de los que andan siempre con su dedo listo para acusar y menos erigirme, por si acaso, en defensor de los otros, en aras de la Ciencia del Derecho, ocurre que uno de los dislates de la Constitución ensangrentada de La Calancha ha sido, aunque usted no lo crea, despojarse de su rango superior de Ley de Leyes y convertirse en simple Código Penal, cuando por su art. 124 señala: “Comete delito de traición a la patria la boliviana o el boliviano que incurra en los siguientes hechos: 1. Que tome armas contra su país, se ponga al servicio de estados extranjeros........

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