El pasado 10 de abril el Estado boliviano publicó la Ley 1720, cuyo objeto consiste en la conversión de la clasificación de la pequeña propiedad titulada a propiedad mediana, lo que ha generado una enorme polémica, incluyendo marchas y otras movilizaciones entre quienes la tachan de ir contra la Constitución o facilitar otros fines aviesos vs. apoyar el emprendimiento en el rubro agropecuario permitiendo acceso a crédito, entre otros.

Incluso, el Gobierno ha sorpresivamente pactando con sectores movilizados abrogarla, aunque, como ese procedimiento le corresponde al Legislativo, corre ya un trámite en ese sentido en los Diputados, que ya borraron con el codo lo que hace algo más de un mes hicieron con la mano.

Políticamente, ese mensaje que los órganos Ejecutivo y Legislativo están mostrando es demoledor para la tan cacareada “seguridad jurídica”, de la que tanto discursean, pues resulta asombrosamente absurdo que nada más ni nada menos que el órgano encargado de legislar, que se supone habría tenido un debate parlamentario (para eso les pagamos, entre otras cosas, y también para eso fueron elegidos) haya sancionado esa norma hace algo más de un mes y luego esté haciendo exactamente lo contrario: ¿Acaso no razonaron sobre lo que legislaron concluyendo que era lo conveniente en términos políticos y especialmente constitucionales? ¿O siguen siendo unos vulgares........

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