Por enésima vez se ha reabierto el debate sobre qué órgano debería conducir y controlar el Registro de Derechos Reales, pese a ser un tema sensible hasta ahora no se encuentra una respuesta adecuada, la disputa entre órganos del Estado se ha centrado en que cada uno quiere para sí a una institución tan importante para la sociedad.

Por los argumentos esgrimidos, parece que están tratando la transferencia de una mercancía con el solo fin de cobrar mayor poder, unos presumen, con no poca razón, que el actual administrador es corrupto y el que quiere asumir la responsabilidad no lo es, cuando tiene más manchas que un perro dálmata.

Todo apunta a que la contienda es por el botín, no por la necesidad de solucionar el fondo del problema, tanto el Órgano Judicial como el Órgano Ejecutivo han dado sobradas muestras de su ineptitud que ponen y pondrían en riesgo “garantizar la seguridad jurídica de la propiedad inmueble mediante el registro, publicidad y certificación de la titularidad, gravámenes y modificaciones de bienes”, ninguno es confiable ni solvente.

El que esté en manos del Órgano Judicial no es garantía de nada, las prácticas corruptas están a la orden del día, son comunes los registros amañados que vulneran el derecho propietario del menos poderoso o influyente. Los funcionarios, salvando honrosas excepciones, son delincuentes que han conformado consorcios con abogados, jueces, fiscales, funcionarios municipales y toda una cadena de servidores públicos, que timan a propietarios honestos o los someten a trámites interminables que solo pueden ser resueltos si se ubica al contacto adecuado, pero claro como el tiempo es oro, mientras más........

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