El Gobierno nacional y los actores políticos están en la disyuntiva de tomar decisiones en un tiempo y espacio que, muchas veces, se presentan solo una vez, perdida la oportunidad los conflictos o las crisis se pueden agudizar o producir consecuencias incontrolables.

En un estado constitucional de derecho, la norma sustantiva y los procedimientos están escritos con el fin de ser activados cuando sea necesario. No todo está legislado, los cambios que se producen en este siglo XXI, son de tal velocidad que pueden dejar rezagadas las regulaciones existentes, para eso está un órgano legislativo que debe estar alerta, y los otros órganos, al igual que los ciudadanos, impulsar iniciativas destinadas a llenar los vacíos existentes o exigir el cumplimiento de la norma.

Uno de los signos de la crisis desatada en Bolivia es el grave proceso de desinstitucionalización que no está siendo resuelto con prontitud, dejando que las cosas transcurran y se resuelven por inercia, al  margen del sentido común o de lo planificado.  

Las respuestas laxas producen suspicacias que terminan en especulaciones que se disuelven en la confusión, o cuando las decisiones son apresuradas se tiende a favorecer o perjudicar a alguien al margen de la ley, profundizando de esta manera la desconfianza ciudadana en las instituciones estatales y agudizando la crisis heredada del pasado........

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