La autora de esta columna sostiene que la reforma al Estatuto Administrativo es necesaria, pero advierte que flexibilizar las reglas de contratación y desvinculación sin corregir primero las actuales distorsiones podría profundizar la captura política del Estado. A su juicio, la modernización debe fortalecer el mérito, la carrera funcionaria y mecanismos objetivos de evaluación, resguardando la autonomía técnica de la función pública. Concluye que «un Estado moderno requiere personal técnico permanente, autónomo del ciclo electoral, capaz de representar con propiedad decisiones erradas o irregulares; lo contrario no es modernizar, sino perfeccionar el desmantelamiento de la función pública en favor del gobierno de turno».

Imagen de portada: foto referencial (Sebastián Beltrán / Agencia Uno)

El reciente anuncio del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, relativo a la conformación de una comisión transversal encargada de reformar el Estatuto Administrativo (Ley N° 18.834), sitúa en el centro del debate una de las mayores deudas institucionales del país. Sin embargo, la vía elegida ha encendido las alarmas de los gremios de funcionarios. Desde la Asociación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), su presidente José Pérez calificó la medida como un «acto violento» y «contradictorio», toda vez que el Ejecutivo ha prescindido unilateralmente de las mesas técnicas y del diálogo social formalizado previamente con el Ministerio del Trabajo. Este quiebre metodológico introduce una legítima sospecha sobre los objetivos de fondo: ¿se busca una modernización técnica o una flexibilización que profundice la precarización y la captura política de la institucionalidad pública?

Desde una perspectiva estrictamente jurídica, el diseño del empleo público en Chile descansa sobre la premisa de que la planta es la regla general, cargos permanentes y la contrata la excepción transitoria. De hecho, el Artículo 10° del Estatuto Administrativo es taxativo al establecer que el número de funcionarios a contrata de una institución no podrá exceder de una cantidad equivalente al 20% del total de los cargos de la planta. Sin embargo, los papeles aguantan todo y la realidad en los servicios públicos es muy distinta. Esa proporción legal hoy está completamente invertida: cerca del 70% de los trabajadores del Estado están a contrata, mientras que los cargos de planta quedaron reducidos a su más mínima expresión.

Ante esta distorsión generalizada, la jurisprudencia de la Corte Suprema y los dictámenes de la Contraloría General de la República han tenido que intervenir de emergencia mediante la doctrina de la «confianza legítima», intentando dar un piso mínimo de estabilidad a muchos profesionales cuya carrera funcionaria formal permanece congelada. Instalar en la prensa el mito de que es «casi imposible» desvincular a un funcionario público es una falacia que cae por su propio peso. Las herramientas legales existen: la normativa vigente permite destituir a un funcionario de planta ya sea mediante un sumario administrativo o a través del sistema de calificaciones, cuando se es evaluado en Lista 4 o durante dos periodos consecutivos en Lista 3. El verdadero problema no es la falta de herramientas, sino que quienes llegan con cada administración prefieren el camino corto de no hacerse problemas, o bien, manipulan estos mecanismos con un sesgo político evidente.

La experiencia demuestra un patrón claro según el color político de turno. Mientras las administraciones de centro-izquierda suelen eludir la fricción llenando las evaluaciones con notas máximas, los gobiernos de derecha tienden a rebajar las calificaciones bajo la premisa de que el «10» está reservado para Dios. Pero en lo que ambos sectores coinciden plenamente es en su incapacidad para fundamentar técnicamente el puntaje. Existe un consenso transversal en que el sistema actual está distorsionado y que no todos los funcionarios pueden estar automáticamente en Lista 1 con el puntaje máximo. Sin embargo, mejorar de raíz este mecanismo exige........

© CIPER Chile