A partir de las políticas de militarización de la seguridad pública que intenta poner en marcha José Antonio Kast, el autor de esta columna examina las consecuencias de la prolongada militarización de la seguridad pública y de la sostenida expansión de los roles y prerrogativas de las fuerzas armadas en América Latina, y propone que la región ha ingresado en una etapa de creciente “militarismo civil”. Enfrentadas a una crisis de seguridad pública, las élites políticas de la mayor parte de las democracias latinoamericanas han optado por la militarización del policiamiento como una estrategia política para obtener o mantener en el poder. La evidencia indica que la militarización tenido un escaso —y a veces contraproducente— impacto en la seguridad pública, pero se ha transformado en uno de los mecanismos más importantes de erosión democrática de la región.

Imagen de portada: foto referencial (Sócrates Orellana / Agencia Uno)

El gobierno de José Antonio Kast intenta avanzar hacia una etapa más profunda del proceso de militarización de la seguridad pública, sumándose así a un prolongado proceso de alcance indiscutidamente regional y parte de un proceso regional y global de iliberalización y erosión democrática. Los problemas latinoamericanos de democracia, estatalidad, militarización y militarismo no son nuevos y tienen una historia. Los regímenes autoritarios desarrollaron regímenes de terror en una escala anteriormente no vista, pero incluso ese tipo de acciones fueron la consecuencia de procesos más largos de formación del Estado y de policiamiento autoritario durante el Siglo XX. Más de tres décadas después del inicio de los procesos de democratización, ese policiamiento latinoamericano autoritario ha sido ineficaz para enfrentar adecuadamente los problemas de seguridad pública, cuyos principales indicadores alcanzaron niveles especialmente altos en términos comparados, transformando a la región en la más violenta del mundo.

A pesar de ese contexto, las democracias latinoamericanas -incluyendo Chile- no han puesto en marcha procesos de reforma policial. Estos han sido muy pocos y no siempre han sido de alcance nacional o federal. La reforma policial continúa siendo uno de los principales desafíos de la región. Lo anterior se explica porque la reforma trae pocas ganancias electorales y conlleva el riesgo de alienar a una poderosa burocracia policial necesaria para los dirigentes políticos. La fragmentación de las preferencias favorece así la persistencia de prácticas coercitivas autoritarias. El policiamiento autoritario y la ausencia de reformas resulta de la interacción de una ciudadanía que demanda soluciones al incremento de la victimización y de la percepción de inseguridad, incluyendo alto apoyo a la mano dura; de actores políticos que privilegian el populismo punitivo (entendido como discurso sobre el crimen que pretende reforzar el apoyo electoral); y de policías dotadas de altos grados de autonomía que buscan consolidar sus espacios de autonomía, mayores presupuestos, facultades de actuación y aumento de personal.

Como resultado, el policiamiento se ha desacoplado del régimen político imperante. Ante ese escenario, las elites políticas han reaccionado respondiendo con un extendido proceso de militarización de la seguridad pública a lo largo del continente en las últimas décadas. La militarización se observa en potencias medianas especialmente influyentes en la región —como Brasil y México; en estados con índices de criminalidad y conflicto interno especialmente altos —como los de América Central Colombia y Venezuela—, pero también en países con índices más bajos y donde antes no se observaba esa tendencia, como en Chile. La militarización ha sido promovida tanto por gobiernos de derecha como de izquierda, y ya sea en regímenes democráticos liberales, iliberales o híbridos (Haití, Honduras), o autoritarios (Nicaragua, Venezuela, además de Cuba).

Enfrentados a ciudadanías que demandan populismo punitivo, las elites políticas de la mayor parte de las democracias........

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