El autor de esta columna sostiene que, detrás del abuso individual de licencias médicas, existe una pérdida sistemática y mucho mayor de recursos públicos municipales: los municipios no logran cobrar íntegramente los reembolsos por subsidio de incapacidad laboral (SIL) que la ley les reconoce, una brecha que estima en $424,4 mil millones solo en 2025. Concluye que «antes de declarar perdido un peso público, la autoridad responsable debiera saber qué se está perdiendo, por qué, frente a quién, qué gestiones se hicieron y si todavía existe una vía jurídicamente válida para recuperarlo».

Imagen de portada: Cristofer Devia / Agencia Uno

Las irregularidades detectadas en el uso de licencias médicas de funcionarios públicos y municipales son graves, y justifican la atención, fiscalización y sanciones adoptadas. Pero concentran la atención solo en la parte más visible del problema. Bajo la superficie existe otro fenómeno, menos llamativo, pero mucho más costoso: la pérdida sostenida de recursos públicos, porque las instituciones públicas y municipales no recuperan íntegramente los reembolsos que legalmente les corresponde, por remuneraciones pagadas a personal con licencia médica. 

No es un problema nuevo. En 2013, ya advertíamos de su impacto en el desfinanciamiento de la educación municipal. En 2016, también lo relevaba el Observatorio del Gasto Fiscal. En 2020 se mostraba el impacto en municipalidades y corporaciones municipales. Y antes, en 2019, ante una comisión investigadora de la Cámara de Diputados, el entonces contralor general Jorge Bermúdez advirtió que existían “miles de millones” que instituciones públicas no habían cobrado por subsidios y calificó esa situación como gravísima. Cuando se le preguntó quién era responsable de gestionar esos recursos, respondió sin ambigüedades: el jefe del servicio. Años después, las preguntas siguen sin respuesta: ¿cuánto dinero público se deja de recuperar y por qué? ¿Por qué no se resuelve?

IMPACTO EN EL SECTOR MUNICIPAL

En el ámbito municipal, la magnitud merece especial atención. Tomando las remuneraciones informadas por el Sistema Nacional de Información Municipal (SINIM) para 2025, equivalentes a $8.484 billones; aplicando una incidencia aproximada de 10% de remuneraciones asociadas a personal con licencia médica, consistente con estadísticas DIPRES de ausentismo sectorial; descontando $67.900 millones estructuralmente no recuperables y $356.200 millones efectivamente recuperados, según informe de SINIM, la brecha financiera estimada alcanza a $424.400 millones. En un solo año. Y desde hace 30 años.

La metodología, con datos 2020-2021, y mismas fuentes oficiales, fue expuesta en un reportaje de CIPER el año pasado de marzo 2025, que estimó pérdidas municipales cercanas a $250 mil millones anuales.

Es una estimación, y debe leerse como tal. No significa que todo ese monto sea hoy un derecho financiero líquido, exigible y cobrable. Pero sí representa una diferencia de tal magnitud que resulta difícil justificar que no sea medida, conciliada, explicada y gestionada. El impacto financiero es real, y la evidencia da cuenta de casos en que el alcance real no está tan lejos de la estimación. 

EL DERECHO EXISTE. EL PROBLEMA ES EJERCERLO

La explicación surge de una particularidad del empleo público y municipal. El funcionario con licencia médica continúa recibiendo su remuneración íntegra. El costo lo asume inicialmente el empleador. La Ley N° 19.117 reconoce a municipalidades y corporaciones municipales el derecho a recibir un reembolso de la institución pagadora, por una suma equivalente al subsidio por incapacidad laboral SIL (Subsidio por Incapacidad Laboral) que le habría correspondido al trabajador, si este hubiese tenido derecho a ello.

En otras........

© CIPER Chile