Los autores de esta columna, quienes como ministro de Justicia y subsecretaria de Derechos Humanos del gobierno anterior implementaron la comisión asesora para fortalecer el INDH, advierten que el proyecto del Ejecutivo invoca ese trabajo, pero se aparta de sus recomendaciones centrales. A su juicio, la designación de un Consejo de instalación propuesto por el Presidente, la eliminación de las querellas y el recorte de personal en regiones dejarían un Instituto que puede opinar, pero no actuar.

Imagen de portada: José Francisco Zúñiga / Agencia Uno

La Ley de Presupuestos de 2025 incorporó una decisión poco frecuente en nuestra discusión pública. En lugar de seguir debatiendo sobre el Instituto Nacional de Derechos Humanos desde la contingencia, el Congreso y el gobierno del Presidente Gabriel Boric acordaron convocar a una comisión asesora encargada de proponer cómo fortalecerlo, conforme a los Principios de París. Desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y la Subsecretaría de Derechos Humanos, nos correspondió implementar ese mandato.

Lo hicimos con un criterio que considerábamos indispensable: la legitimidad de sus conclusiones dependería del pluralismo de su composición. Por eso la Comisión se integró con personas designadas tanto por el Presidente de la República como por las comisiones de derechos humanos de la Cámara y del Senado, con trayectorias y sensibilidades........

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