El autor de esta columna comenta los “diagnósticos” que se han emitido públicamente respecto del autor del asesinato a una inspectora en un colegio de Calama. Dice que esto no se puede hacer y que el análisis público debe ser más riguroso. Sostiene que “La reciente Ley N.º 21.809 sobre convivencia, buen trato y bienestar de las comunidades educativas llega en un momento especialmente sensible. La norma fortalece los equipos de convivencia, actualiza reglamentos y empuja un enfoque preventivo y estructural. Pero conviene no engañarse: ninguna ley, por sí sola, restituye el tejido dañado de una comunidad educativa ni reemplaza el trabajo cotidiano de construcción de vínculo, autoridad legítima, detección temprana y cuidado institucional”.

La conmoción producida por el crimen ocurrido en el Instituto Obispo Silva Lezaeta de Calama no admite eufemismos. Una funcionaria murió, otras personas resultaron heridas y una comunidad escolar quedó brutalmente quebrada. La reacción pública ha sido una mezcla de estupor, dolor y necesidad urgente de explicación. Pero justamente ahí aparece un riesgo: la prisa por explicar puede degradarse en una forma de tranquilización moral. Y pocas cosas tranquilizan más rápido que ponerle un rótulo psiquiátrico o psicológico a quien cometió el hecho.

Ese gesto, sin embargo, es intelectualmente pobre y públicamente peligroso. No porque la salud mental no importe, sino........

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