El autor de esta columna entra en el detalle del polémico oficio 16 de la Dipres y concluye que “no fue una reflexión teórica sobre la eficiencia del Estado, sino una instrucción formal de formulación”. Y concluye que “el problema de Jorge Quiroz no es solo ideológico, aunque también lo sea, si no que su oficio reveló una comprensión precaria de algo que en Hacienda debería ser sagrado: que el Estado no administra clientes, administra deberes. No opera con consumidores, opera con ciudadanos, y no puede permitirse el lujo de descontinuar la realidad”.

Imagen de portada: Óscar Guerra / Agencia Uno

No fue un desliz semántico y me cuesta tragar dicha justificación de Dipres respecto a los oficios circulares enviados. En resumen, no fue sólo un problema de comunicación. Y, sobre todo, no fue una inocente torpeza burocrática o de pronto, una comunicación viralizada malintencionada. El Oficio Circular N° 16, despachado por el Ministerio de Hacienda el 21 de abril de 2026, invocó expresamente el artículo 67 de la Constitución y los artículos 13 y 15 del decreto ley N° 1.263 para instruir la formulación del Proyecto de Ley de Presupuestos 2027 y del Programa Financiero 2028-2031.

Eso importa porque un oficio de esta naturaleza no es una entrevista, ni una cuña, ni una columna de opinión ministerial de Quiroz, es el instrumento mediante el cual Hacienda fija las reglas del proceso presupuestario para todos los ministerios. El texto ordena elaborar una propuesta a cinco años, definir una línea base de gastos comprometidos legales, construir una propuesta complementaria y ajustarse a un límite máximo de gasto consistente con el presupuesto 2026 menos los ajustes fiscales ya aplicados.

Dicho de otra manera: el oficio no fue una reflexión teórica sobre la eficiencia del Estado, sino una instrucción formal de formulación. El propio documento señala que la línea base debe incorporar “los resultados del seguimiento y evaluación de programas” y agrega, de manera explícita, “reducir y eliminar cuando corresponda”. Es más bien, una indicación ideológica de cómo debería operar el Estado.

Por eso resulta tan impropio que, una vez desatada la polémica, el debate público se haya intentado desplazar hacia una disputa lingüística........

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