La vivienda se ha convertido en uno de esos problemas en los que España lleva demasiado tiempo administrando las consecuencias sin conseguir corregir las causas. Los dos reales decretos-leyes aprobados esta semana por el Gobierno son una nueva demostración. Contienen medidas necesarias para afrontar situaciones de urgencia, algunas razonables y otras económicamente discutibles. Sin embargo, la pregunta importante seguirá siendo la misma después de que el Congreso decida sobre ellos este viernes: ¿cómo se ha llegado a una situación en la que acceder o permanecer en una vivienda se ha convertido en el principal problema de millones de españoles?

Hay que empezar por las personas. El desahucio de Maricarmen Abascal, a sus 87 años, ha puesto un rostro a una realidad que las estadísticas no siempre permiten apreciar. Detrás de un contrato que termina, de un alquiler que aumenta o de una orden judicial puede haber alguien que pierde no solo un techo, sino el lugar en el que ha construido su vida. Una economía avanzada no puede aceptar con indiferencia estas situaciones. Proteger temporalmente a personas especialmente vulnerables frente a un desahucio es justificable. La cuestión es cómo hacerlo y, sobre todo, quién debe asumir el coste. Una política social no debería trasladar automáticamente esa responsabilidad a un propietario particular, que también puede tener recursos limitados. La protección de los vulnerables corresponde al conjunto de la sociedad y, por tanto, fundamentalmente a las administraciones........

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